Por Jaime Márquez
Tras la presentación de las solicitudes de Juicio Político y de remoción contra Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, extitular de Auditoría Superior de Michoacán, salieron a luz diversas irregularidades que resaltan una deficiente, torcida y oscura fiscalización de los recursos públicos del año 2021; tanto; que no se auditó la deuda pública bancaria que tenía un monto 20 mil millones de pesos, por lo que en el informe individual de la UPP 25 denominada Deuda Pública y Obligaciones Financieras se reportó cero por ciento en el alcance de la revisión.
Y por lo que ve las Secretarías de Turismo, de Seguridad Pública, de Salud y el Instituto Catastral y Registral del Estado de Michoacán, el dictamen para la remoción, señala que los extitulares de esas dependencias ni siquiera fueron localizados para notificarles de las auditorías en curso, por lo que no hay certeza sobre los resultados de esas auditoras laxas e incompletas.
Estos dos botones de muestra, exhiben una deficiente fiscalización que se suma a la estela de componendas, conflictos de interés y corrupción en la ejecución de obra pública. Se reporta que Aguirre Abellaneda construyó una red de complicidades desde la Secretaría de Finanzas con secretarios del gabinete silvanista, la cual amplió y consolidó como titular de la Auditoría Superior de Michoacán, situación que le permitió, en confabulación con SCOP, obtener 40 contratos de obra pública por un monto de 214 millones de pesos, por medio de tres empresas de sus familiares, tal como se asienta en la solicitud de Juicio Político.
Los beneficios en el ramo de la obra pública son sólo una parte de los 258 millones de pesos que se calcula, obtuvieron de saldos positivos el auditor y su grupo con la suma de recursos de la vertiente de las autoadquisiciones.
También se dejó de pagar al fisco, por cual existen deudas y multas con el SAT.
Hoy ya defenestrado, intentará, por la vía de un juicio, recuperar el puesto y cumplir con la tarea que le dejó su patrón Silvano Aureoles, que es la de servir como tapadera de las irregularidades en el gasto público.
Sólo que el exauditor, en estas nuevas condiciones, ya tiene 25 enemigos entre los diputados que votaron contra él, además que la solicitud de Juicio Político sigue su curso. Y, para sumarle otra raya al tigre, ya se revisan responsabilidades de tipo administrativo y penal.
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