Héctor Tapia
A poco más de una semana de que fenezca el plazo establecido, sólo 27 ayuntamientos michoacanos han cumplido al cien por ciento con sus responsabilidades de transparencia, y el resto de no hacerlo podrían ser acreedores a sanciones económicas que irían de 12 mil a los 120 mil pesos, que tendrían que pagar de su bolsillo los sujetos obligados.
Esto lo dio a conocer la comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Areli Navarrete Naranjo, en el marco de la sesión del pleno que tuvo el organismo público.
En este contexto fue enfática en decir que las últimas revisiones contemplan a Ayuntamientos, al Congreso del Estado y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), porque todos tienen que dar cumplimiento a este ordenamiento a partir de marzo.
Será para el próximo mes cuando se pondrán a consideración del pleno del IMAIP las medidas de apremio que se utilizarán o se emitirán hacia los sujetos obligados que no hayan cumplido con publicar la información mínima requerida que les obliga la ley.
Los sujetos obligados son todas las instituciones de los Tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como partidos políticos, organismos públicos desconcentrados y sindicatos que reciben recursos públicos.
Navarrete Naranjo dijo que desde el pleno se emitirán las correspondientes medidas de apremio, que van desde amonestaciones públicas o económicas, que se tendrán que saldar de los recursos propios del servidor público señalado, y que también pueden aplicar a quien esté intentando obstaculizar la obligación del cumplimiento de los ordenamientos en materia de transparencia.
Actualmente, reconoció, quienes presentan mayores problemas son los ayuntamientos, esto a partir de los procesos de transición que vivieron en los gobiernos, esto “afectó mucho en la rendición de cuentas”, porque cuando cambian los ayuntamientos, también cambiaron a los titulares de las áreas de transparencia que se encargan de tener a la mano los documentos públicos.
Es por ello que se volvió a llamar a capacitaciones, y están en este proceso actualmente, “pero a marchas forzadas, porque todos tienen que tener todo listo para marzo próximo”, remarcó la comisionada presidenta, quien remarcó que el cumplimiento de este aspecto no se trata de un capricho, sino de una obligación legal.
Adelantó que las verificaciones al cumplimiento de la transparencia en la información que están obligados, se seguirán dando y que se harán también de manera sorpresiva.
La información que está en el interés de los propios ciudadanos y que solicitan regularmente se les informe tiene que ver con contrataciones, sueldos de los servidores públicos, licitaciones que realizan las instituciones públicas.
Explicó que a través de la consulta de las bases de datos generadas por el cumplimiento de la transparencia y rendición de cuentas se han encontrado puntos probables de corrupción, y esto se está trabajando con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
“Nosotros vamos a dar vista al SEA de los incumplimientos, para que se le de vista a las autoridades competentes”, remarcó Areli Navarrete.
