Por: Humberto Urquiza Martínez
Hace casi 5 años, mediante una reforma constitucional en materia político electoral, se incorporó al sistema jurídico mexicano la figura de la elección consecutiva (reelección) para los casos de los Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales y Ayuntamientos. En los casos de los integrantes de los órganos parlamentarios el modelo de reelección tiene como tope el periodo de 12 años (1 reelección de senadores y hasta 3 de diputados) y en el caso del Ayuntamiento por un periodo de 6 años como límite.
Del diseño de la elección consecutiva se excluyó a los Poderes Ejecutivo Federal y Local, esto significa, que ni el Presidente de la República, ni los Gobernadores, tienen oportunidad de reelegirse. Sin lugar a dudas, la historia política de México se impuso y existe todavía, mucha sensibilidad frente a la elección consecutiva de los titulares de los ejecutivos federal y locales.
Hace una semana, el Senado de la República aprobó un dictamen de reforma constitucional en el que adecúa el modelo de consulta popular, e incorporó la revocación de mandato. En éste último caso, claramente una demanda ciudadana producto de los malos gobiernos que se han tenido en lo federal y en lo local.
El modelo de revocación de mandato solamente se aprobó respecto de los Ejecutivos federal y locales, esto es, del Presidente de la República y los Gobernadores, dejando de lado tanto a los integrantes de los Congresos federal y locales como de los Ayuntamientos y Alcaldías.
Es así, que aprobado el modelo de revocación de mandato, el sistema político en México tendrá un debilitamiento de los poderes ejecutivos que en principio no tienen la posibilidad de reelegirse (reitero mi reconocimiento a ello) pero que podría reducir su temporalidad en el ejercicio del cargo si se produce una revocación de mandato, situación que tiene racionalidad si lo pensamos a partir de gobiernos deficientes, corruptos, disfuncionales, ante ello, no más que revocar, sin embargo, el problema será cómo encontrar a un perfil que se encargue de la figura presidencial o de la gubernatura respectiva, que contrario al que se le revocó el cargo, sea eficiente y funcional, pero en un periodo de 3 años que sería el tiempo que tendría para gobernar de conformidad con el modelo de revocación.
Sin duda que el titular de los poderes ejecutivos se encontrarán contra la espada y la pared por la imposibilidad de la reelección, así como por la posibilidad de recortar su periodo de gobierno.
Es claro que después de varios años en los que el modelo político mexicano se ha caracterizado por el fortalecimiento del Ejecutivo frente a los otros poderes, Presidencialismo, es evidente que se estaría transitando a un modelo distinto que en principio, sin mucha claridad, sería al fortalecimiento del parlamento (por el simple debilitamiento del ejecutivo) sin embargo, es necesario que se encauce el modelo de gobierno con esta nueva posibilidad de fuerza institucional en los parlamentos (federal y local) y que tenga sentido y razón, no solo por el simple debilitamiento del Ejecutivo, si no por los reajustes en temas donde el parlamento incida de mayor forma en actividades de gobierno.
De no ser así, el diseño de debilitamiento institucional del ejecutivo solamente será un espacio vacío que se cubrirá de forma coyuntural a partir del liderazgo en los congresos, que lo aprovechen en beneficio de la sociedad, y no para beneficio de pocos.
