Por: Humberto Urquiza Martínez
En los últimos años, Michoacán ha estado inmerso en una presencia determinante para la vida política, pero sobre todo, en la perspectiva social de diversas regiones del Estado. La lucha se ha centrado en diversos objetivos, pero principalmente en el llamado que ha hecho a la clase política e integrantes de diversos órganos de gobierno que, en sus funciones, deben de tener la atención de escuchar, por lo menos, a los integrantes de esas comunidades indígenas, y en el mejor de los casos, resolver sus planteamientos.
Si bien en los últimos años los órganos electorales han sido uno de los principales actores frente a las demandas de los pueblos originarios, las demandas rebasan a la parte de participación política.
Temas como desarrollo social, económico, medio ambiental, entre muchos otros, a partir de una perspectiva cultural propio de cada grupo originario, se suman a las demandas de libre determinación para generar nuevos modelos de atención a esas perspectivas culturales distintas a las que se han tenido a lo largo de los años.
La posibilidad de lograr esos cambios, se materializan en tanto se logre la autodeterminación de cada comunidad y pueblo, para luego generar las condiciones que permitan el cumplimiento de las nuevas formas de desarrollo comunitario.
Es así que, para lograrlo, los órganos electorales deben de asumir su papel de garantes en el cambio de modelos y permiten la llegada de nuevos estándares sociales y culturales. Con ello, que tanto los órganos electorales administrativos, como los jurisdiccionales, deben de asumir a plenitud su función y lograr el ejercicio de nuevos derechos para nuevas realidades. De tal forma, las instituciones públicas asumen el papel de garantes primarios en la gestación de las expectativas colectivas de carácter cultural y social y los tribunales electorales, adquieren el papel de garantes secundarios en la posible violación de los derechos al momento de su ejercicio.
Durante los últimos años, las comunidades han usado a los órganos electorales para garantizar su libre determinación para el cambio de formas de elección de sus autoridades, el ejercicio directo de sus recursos y la realización de asambleas para los cambios de integrantes de las autoridades tradicionales.
Ante ello, las comunidades han logrado el acompañamiento de las instituciones electorales, principalmente las locales, pero está pendiente encontrar los puntos medios para lograr que el sistema nacional occidental, genere condiciones para que las tradiciones, usos y costumbres convivan con esas formas no tradicionales de elegir a sus autoridades.
El camino ha tenido un avance, sin embargo falta mucho por lograr en las nuevas formas de participación política de los grupos originarios, para lo cual, los órganos electorales tienen la oportunidad de adecuar sus perspectivas, ideas, mecanismos, instrumentos y procedimientos a aquellos propios de cada comunidad. Lograrlo requiere, para empezar, un diálogo culturalmente adecuado a las características de esas comunidades y cambiar, lugares, espacios, formas y tiempos para encontrar el diálogo, de lo contrario, solamente viviremos lo que en los últimos 5 años hemos tenido por parte de algunas autoridades comiciales o por lo menos , de sus integrantes
