Por: Jorge Luis Hernández
Es natural y legítimo que las personas que se dedican a la política como actividad profesional tengan aspiraciones a otros cargos de elección popular. También, se sabe que la ciudadanía suele premiar a los buenos servidores públicos, las raras veces que esto pasa.
Pero, también es cierto que, aunque en una democracia el gobierno está obligado a publicar sus actividades, su trabajo en favor de la entidad que representan y las políticas públicas que implementa para transformar a la sociedad, muchas veces la publicidad y comunicaciones oficiales terminan convirtiéndose en espacios para la promoción personalizada de sus miembros.
Sin embargo, más allá de las líneas rojas marcadas por la legislación, lo cierto es que políticos de todos los emblemas encuentran, con “creatividad” desbordada, maneras para promocionarse en periodos no electorales que, si bien no nos enteramente ilegales, sí vulneran el espíritu de la prohibición de la promoción personalizada. La “publicación” de revistas, la promoción de medios de comunicación o la publicidad de informes legislativos a destiempo y fuera del distrito por el que son representantes, son ejemplos muy claros de ello.
Suena lógico que todas las personas con aspiraciones políticas busquen protagonizar espacios en medios de comunicación tradicionales y en redes sociales. No es un secreto que las figuras más relevantes de la política nacional y local destinan recursos, esperemos que propios, para incrementar/asegurar la cobertura que los medios hacen de ellas; además, hace falta apenas entrar a cualquier red social, para encontrarse con publicaciones/publicidad pautada por quienes próximamente serán candidatos.
Lamentablemente para ellas, pagar publicidad no equivale a transmitir con eficacia el mensaje que buscan comunicar. A veces, más bien confunden o siembran dudas legítimas.
Un ejemplo de libro de texto lo está protagonizando el Secretario de Gobierno Carlos Herrera, aspirante a la candidatura del PRD para el gobierno del estado el próximo año. El secretario, de pronto se vio dentro del elenco de la novela que más reflectores ha acaparado en este verano en Morelia: el fútbol.
Y es que, desde que Monarcas Morelia anunció su decisión de mudar la franquicia a otra ciudad, en la que su extorsión sería más productiva, el gobierno del Estado nombró al Secretario de Gobierno como encargado de negociar con Grupo Salinas para evitar la salida del equipo, lo que fue imposible pues la decisión estaba tomada.
Una vez consumado, el estado de Michoacán se quedó con dos inmuebles muy apetitosos para los empresarios del futbol: un estadio de primer nivel y un centro de formación del que carecen, incluso, varios equipos de primera división. En consecuencia, el gobierno michoacano, administrador de esos bienes públicos, aseguró que, por su contribución social, buscaría que el futbol regresara al Estado y lo hiciera en las mejores condiciones.
Al final, Carlos Herrera anunció que el proyecto que más había convencido al gobierno del Estado para ejecutar el contrato de comodato, y ceder la infraestructura futbolera, era del de José Luis Higuera, entre otras cosas porque habrían aceptado una cláusula en la que aseguraban que el equipo permanecería aquí para siempre.
Hasta allí el papel de secretario parecía lógico. Pero, inmediatamente, empezó una agresiva campaña de banners (en los que aparece con los colores rojiamarillos ) en páginas web que vinculaban a una entrada de blog en su página personal con el lema “Lo hicimos posible. Atlético Morelia para siempre” hasta que, como corolario, la semana pasada anunció, con bombo y platillo, una transmisión conjunta con el dueño visible del equipo para hablar de este.
En el ejercicio, Herrera aseguró que estaba allí, pese a lo ocupado de sus labores legales, para “cuidar el patrimonio de los michoacanos”. Me imagino que el secretario no sabe, o no entiende, que para eso están los contratos (como el que no ha hecho público sobre la cesión en comodato del Estadio Morelos y el CEFOMM).
Si a la falta de transparencia en los acuerdos entre Higuera y el gobierno del estado, le sumamos el hermetismo que el propio Club tiene respecto de sus socios, es normal que la afición y la ciudadanía tengan dudas sobre el papel del secretario. ¿Está actuando como socio particular?, ¿aporta recursos, más allá del comodato, el gobierno del Estado?, ¿tuvo conflicto de interés el secretario al elegir este proyecto sobre otros?, ¿o es sólo un ejemplo torpe de cómo no montarte en una noticia importante?
Lo bueno de las campañas publicitarias es que ofrecen resultados medibles con mucha claridad, los consumidores no saben mentir. Veremos si le sirvió.
