Aunque alega inocencia absoluta, Enrique Ochoa Reza, el secretario de Hidrocarburos durante el fraude de Agronitrogenados, pecó al menos de omisión mientras se fraguaba un desfalco millonario ante a sus narices. Hay analistas que van incluso más allá: no hubo solo negligencia, sino franca complicidad. Un panorama oscuro para el michoacano. Y más aún porque desde enero del 2019 en el papel la Fiscalía General procede por sí misma, sin rendirle cuentas al presidente de la República.
Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Las confesiones del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, convertidas en el símbolo de la 4T en su lucha contra la corrupción que caracterizó al gobierno de Enrique Peña Nieto, abrieron una nueva arista durante los últimos días. Una que agrega nuevas escenas a una teleserie que ya es esperada semana a semana por los mexicanos, y que confirmando las expectativas de esa parte del país que pide a gritos penas más severas contra el robo al erario público, ya puso a temblar a prominentes figuras políticas.
Y uno de los más temblorosos parece ser es el exsubsecretario de Hidrocarburos y hoy diputado priísta, el moreliano Enrique Ochoa Reza.
Los analistas coinciden en que el caso de Pemex pudiera establece un antes y un después para la siempre esquiva justicia mexicana.
Y lo podría hacer porque ahora la ley lo permite. En enero del 2019 el Senado ratificó el nombramiento del primer fiscal general de la República, y en ese instante la institución persecutora de los delitos se volvió un órgano autónomo. El presidente de la República ya no nombra ni remueve al titular, no tiene injerencia jerárquica o política sobre el fiscal, ni el fiscal es consejero jurídico del gobierno como sí lo fue antes el titular de la Procuraduría General de la República.
En otras palabras:
al menos en el papel, el caso no lo controlará Andrés Manuel López Obrador.
El presidente de la República ya no nombra ni remueve al titular, no tiene injerencia jerárquica o política sobre el fiscal, ni el fiscal es consejero jurídico del gobierno como sí lo fue antes el titular de la Procuraduría General de la República.
Y mientras tanto las pesquisas avanzan. La semana anterior la periodista de El Universal Diana Lastiri afirmó que la Fiscalía General de la República investigará a los exmiembros del Consejo de Administración de Pemex Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza. Y aseguró que la carpeta continúa integrándose, por lo que aún no ha sido presentada ante un juez ni se ha solicitado la presencia de los presuntos responsables ante la justicia.
Ochoa Reza trató de lavarse las manos. Afirmó que aun en su calidad de miembro del Consejo de Administración de Pemex durante la concreción de delitos, él nada sabía. En una carta enviada al periódico El Universal el pasado 7 de agosto, aseguró:
“Fui integrante del Consejo de Administración de Pemex durante más de un año, del 5 de diciembre de 2012 al 4 de febrero de 2014. Dicho Consejo de Administración no votó ni aprobó la operación entre AHMSA y Pemex. Solamente fue informado de que una filial extranjera de Pemex (P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.) había a concretado la operación. De hecho, el Consejo de Administración no tuvo conocimiento de posibles daños patrimoniales a Pemex, de acuerdo con la información presentada en la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2013, como consta en el acta oficial correspondiente”.
El hecho es que, si no sabía, debió saber.
LA LETRA DE LA LEY
Según la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración de Pemex es el órgano supremo de administración de Pemex y “responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”.
Y entre las funciones del Consejo, destaca “vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos”, y “evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, archivo e información y su divulgación al público”.
Pero Ochoa Reza —y Pedro Joaquín Coldwell, quien ha mantenido discreto silencio— hizo cualquier cosa menos vigilar y evaluar un fraude que se gestó bajo sus narices.
Además un artículo específico complicaría a los exintegrantes del Consejo.
La Auditoría Superior de la Federación no deja lugar a interpretaciones. Según consta en los expedientes 15-2-18T5K-04-0532 532-DE y 16-2-18T5K-04-0438 438-DE, referidos a las faltas cometidas por P.M.I., durante el proceso se incumplieron al menos nueve leyes y disposiciones, además de otra decena de reglamentos, decretos y contratos. Entre estas leyes y disposiciones están la Constitución; las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de Planeación; de Petróleos Mexicanos; General de Salud; General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental; y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y las disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; y Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.
Aunque será tarea de los abogados precisar los detalles, el artículo 62 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece que “la creación, fusión o escisión de empresas productivas subsidiarias, así como de empresas filiales en las que Petróleos Mexicanos participe de manera directa, será autorizada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su Director General, misma que deberá presentarse conforme a las normas que dicte el propio Consejo.
“En caso de que el Consejo de Administración apruebe la propuesta con las modificaciones que estime pertinentes (…) tratándose de empresas productivas subsidiarias el Consejo de Administración emitirá el Acuerdo respectivo que será su instrumento de creación, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que establecerá, al menos, el objeto o actividades que podrá realizar; la integración de su patrimonio; las previsiones sobre la integración y designación de los órganos de administración; las facultades de los órganos de administración; y los órganos o mecanismos de vigilancia y de control interno”.
Es decir, el Consejo de Administración debió seguir de cerca los detalles de la transacción.
Algo que no se hizo. El Consejo —como confirma Ochoa Reza— apenas se dedicó a seguir estrictamente las indicaciones de Lozoya, pese a que por ley le correspondía preguntar, revisar, objetar y vigilar el cumplimiento adecuado de las normas.
Básicamente, en el mejor de los casos a gran parte de los integrantes Consejo de Administración —y entre ellos al propio Ochoa Reza que afirma que no sabía— el tema les dio lo mismo.
El Consejo —como confirma Ochoa Reza— apenas se dedicó a seguir estrictamente las indicaciones de Lozoya, pese a que por ley le correspondía preguntar, revisar, objetar y vigilar el cumplimiento adecuado de las normas.
Y lo prueban los documentos. Según la ASF, “el 17 diciembre de 2013, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en su sesión 865 extraordinaria, tomó conocimiento de un informe sobre la Inversión en una planta de fertilizantes, referente a la oportunidad de adquirir la planta de fertilizantes de la empresa Agro Nitrogenados (…).
Y añade:
“El 18 de diciembre de 2013, mediante a la Escritura Pública núm. 42,261 se constituyó legalmente el vehículo de propósito específico denominado Pro Agroindustria, S.A. de C.V. (PRO AGRO)”.
Es decir, el Consejo de Administración de Pemex tardó apena un día en revisar evaluar, proyectar y aprobar todos los muchos detalles de una transacción millonaria.
Una desidia que para algunos expertos es corrupción directa. La Académica y Coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fabiola Navarro, va aún más lejos respecto de la responsabilidad del Consejo de Administración.
“Lozoya Austin no actuó solo y ha dicho que está dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados en el periodo en que se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos” dice en su estudio “Juicio para Emilio Ricardo Lozoya Austin”.
“Esto es especialmente relevante”, agrega, “porque dado el diseño de gobierno de la paraestatal, (Lozoya) no pudo haber actuado silenciosa y solitariamente. Pemex se dirige y administra en forma conjunta y solidaria por el Consejo de Administración, órgano supremo de administración de la paraestatal, y por un director general. Aunque Lozoya Austin es una pieza muy importante, junto con él tendrán que ser llamados a cuentas y responder por las acusaciones”.
El Consejo de Administración de Pemex tardó apena un día en revisar evaluar, proyectar y aprobar todos los muchos detalles de una transacción millonaria.
Y a los avatares jurídicos que hacen temblar a Ochoa Reza se agregan los políticos. El pasado 6 de agosto, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las actas de sesión del Consejo de Administración podrán dar luz sobre quiénes y por qué avalaron una compra absurda.
“En los consejos de administración se levantan actas y se apunta la postura de cada consejero. Al final se vota y se sabe quiénes votaron a favor y quiénes en contra”.
“En este caso tengo entendido que la mayoría votó a favor, pero también hubo quienes votaron en contra. Es importante, porque en las actas debe aparecer por qué no estuvieron de acuerdo” dijo AMLO, abriendo un pequeño resquicio político para que algunos integrantes del Consejo de Administración pudieran declararan inocentes por haber rechazado la compra.
Un resquicio que Ochoa Reza ya cerró al asegurar que no sabía.
El panorama es oscuro para el michoacano. Y más aún si se toma en cuenta la ira de millones de mexicanos que están hartos de la pandemia de corrupción que desde hace años azota al país. Por lo pronto, Enrique Ochoa Reza podría agregar su propio nombre al deshonroso panteón que la 4T exhibe a los mexicanos para asegurar que ya se acabaron los tiempos de la impunidad.
