Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La fracción parlamentaria de Morena, que está por concluir su periodo en próximos días, al insistir en que el gobernador Silvano Aureoles tiene la intención de desincoporar y rematar un paquete de bienes inmuebles, propiedad de Michoacán, exigieron al mandatario que deje de presionar a los legisladores para que saquen el tema de forma ilegal y violentando todos los procesos legislativos.
Incluso, remarcaron, las fracciones del PRD, PRI y PAN, que calificaron como afines al gobernador michoacano, buscan que se sesione este fin de semana, unos días antes de que concluya la legislatura, para autorizar una venta ilegal, como lo llamaron, de estos predios que -dijeron- son propiedad de los michoacanos y michoacanas.
Y es que, detallaron en conferencia de prensa, ha habido una serie de aspectos que se han presentado en el Congreso que han reajustado los pesos y contrapesos entre las fracciones parlamentarias, lo que cambiaría la conformación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se han elaborado dictámenes sin la totalidad de firmas requeridas de los integrantes, entre otras violaciones que no están considerando.
En este contexto la coordinadora parlamentaria de Morena de la actual legislatura, la diputada local Zenaida Salvador Brígido, detalló que varios diputados pidieron licencia y se separaron del cargo, por lo que actualmente sólo hay 36 diputados en funciones; los cuatro diputados locales faltantes (dos del PRD, uno del PAN y otro por Morena), dejaron su responsabilidad para asumir constitucionalmente sus cargos como alcaldes.
Esas licencias que presentaron apenas se turnaron a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, de ahí se tiene que emitir un dictamen y someterlo al pleno, y mientras no se dictamine el Congreso está incompleto.
Y, refirió, “de acuerdo a la Ley Orgánica, se tienen que tener cuando menos 8 diputados para presidir la JUCOPO, por lo que el PAN (quien actualmente dice ostentar dicha posición) no puede presidir, por eso solicité la presidencia, tenemos el respaldo de la bancada”.
Esto deriva en que la Junta de Coordinación Política no puede convocar a la sesión que pretenden llevar a cabo este fin de semana, y la única que lo puede hacer es la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que también se ha negado a la misma.
La única salida, de acuerdo a la misma ley orgánica y a la normativa del Congreso, es que una tercera parte de los legisladores convoquen, por lo que remarcaron el resto de las violaciones existentes en el procedimiento.
Al respecto el diputado local José Alfredo Flores, dijo que hay preocupación porque se ha venido violentando la normatividad de manera reiterada, y que se han emitido dictámenes de forma irregular e ilegal “con la finalidad de intentar subsanar errores procedimentales” en las que han incurrido, señaló, las fracciones del PRD, PAN y el PRI.
Incluso, dijo, pretenden llamar a los diputados suplentes para tener el número de legisladores que requieren, lo cual también es irregular, aseveró.
“Lo que dejan ver que están desesperados, para que salga sí o sí la desincorporación de los bienes del estado; lamentamos esta actitud que es grotesca”, enfatizó el legislador morenista.
Por su parte la diputada local Cristina Portillo Ayala, al remarcar que están en contra de la desincorporación y venta de dichas propiedades, dijo que no se descarta que el gobernador michoacano intente a través del Poder Judicial se llame a intervenir e interferir en el Congreso; “Aureoles está desesperado por recursos que no ha dicho para qué es, y lo hace violentando todas las reglas”, aseveró la diputada.
Por ello es que insistió en su llamado a los legisladores que calificó como afines al mandatario saliente, a que “se serenen” y que no incurran en irregularidades; además, dijo, “le pedimos a Silvano que deje de presionar a los diputados, pero que deje de estar inmiscuyéndose en la vida del Congreso para lograr su propósito que es vender estos bienes públicos y rematarlos, porque quiere recursos antes de irse”.
La desincorporación y venta de dichos inmuebles, de concretarse, significaría un ingreso de 631 millones de pesos, según los avalúos que se tienen al momento.
“Es innecesaria su desincoporación para su venta, porque sería un grave quebrando a los michoacanos y michoacanas”, refirió sobre ello la diputada Sandra Luz Valencia.
