Por Oscar Carbajal
En el mar la vida es más sabrosa, eso se dice, bueno, siempre y cuando la marea no esté alta. En ese sentido, hablemos que el ambiente electoral es un mar tranquilo, hasta que comienzan a aparecer los estirones en torno a las elecciones, sus actores y componentes.
Para que todo esto pueda funcionar, las instancias administrativas, judiciales y políticas, deben estar en sintonía y conocer cada una de las reglas que se puedan aprobar antes de que la ciudadanía de vuelque a las urnas. Para ello, la emisión de leyes es fundamental y el conocimiento sobre cuáles son los temas puntuales a atender, aún más.
Si bien la conformación de las comisiones de la Cámara Baja en el Congreso de la Unión ya están definidas, existe una que por su relevancia es de las más codiciadas y claramente el partido en el poder no permitiría que le arrebataran la presidencia de la misma. Estamos hablando de la Comisión de Reforma Electoral, y es que dicha comisión puede ser la que abra o cierre la puerta a una democracia como la conocemos actualmente. Actualmente, se han manejado temas que no deben faltar dentro de los trabajos, como la representación, estructura orgánica de los institutos y tribunales, funcionamiento de los partidos y la incursión de grupos facticos en las elecciones.
Después del proceso electoral que se vivió, quedaron muchas cosas para el estudio y arrastrar lápiz, por lo que es importante comenzar a definir el rumbo de algunos aspectos que se atienden por medio del sistema electoral que conocemos. Y no se habla sobre el deber de un cambio radical sobre el cómo deben funcionar los órganos electorales y las autoridades jurisdiccionales, porque ha quedado demostrado que sus funciones han sido aprobadas en los últimos comicios desde la reforma de 2014.
Lo cierto es que, el derecho es una ciencia progresiva, se tiene que ir moldeando a las necesidades de la sociedad, ante ello, los sistemas electorales también lo han hecho desde cada trinchera en que se sigan. En México, manejando un sistema electoral mixto, donde se tienen representaciones de mayoría relativa (quien tiene más votos gana) y representación proporcional (el espacio de los cargos de elección popular es relativo al número de votos que obtuvieron), se debe establecer que la representatividad de las fuerzas políticas se sigue manteniendo y que, eliminar cualquiera de las dos, sería una tendencia encaminada a que no existan más pesos y contrapesos en la política.
Aunque suene muy fuerte, la reforma electoral que busca en dos sentidos cambiar la estructura del INE y establecer un nuevo mecanismo de organización de elecciones locales desapareciendo a los Institutos Electorales Locales y solamente dejándole dicha encomienda al INE, puede resultar un tanto riesgosa, debido a la cantidad de nuevas atribuciones que se tienen que dar a dicho instituto, además de no tener el mismo campo de presencia y operación que han sostenido los órganos locales a lo largo de los años.
Democráticamente, este país ha experimentado transiciones que lo han convertido en un lugar con constantes alternancias y tintes políticos de diferentes maneras, lo que ha acercado, también, a la mayor representación de grupos minoritarios o vulnerables, así como a la profesionalización de un sistema electoral que no se construyó en un día, tendiente siempre a poder ser mejorado. Una reforma electoral de tal magnitud que cambie el destino de un país de cara los próximos comicios de 2024, sería un tema que con pinzas se debe tocar. Atender los diferentes puntos de vista que se dan de acuerdo a las fuerzas políticas y la intención que se tenga por cambiar el modelo electoral en México, es un momento de tensión para la democracia también.
Tanto en el ámbito local como federal, tener lo más cerca posible detectados cuales son las problemáticas que pueden complicar la renovación de cargos de elección popular, es una tarea que urge, ante la creciente marea que se ve dentro del mar electoral, tomando en cuenta que, todo progresa.
