Oscar Guerrero / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- A un mes y medio de que comenzó a operar la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, instancia adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), sólo 20 de 167 ilícitos cometidos contra animales han sido judicializados por la institución encargada de procurar justicia en Michoacán.
Esto fue dado a conocer por el titular de dicha unidad, Rodrigo Jiménez Gutiérrez, quien precisó que de las carpetas de investigación abiertas por maltrato animal, hasta el momento se ha consumado una sola detención.
Fue el caso de un sujeto que llevaba a cabo prácticas sexuales con su mascota, un canino recuperado por organizaciones animalistas encargadas de poner freno a este y otros tipos de maltrato animal.
Al respecto, el fiscal especializado en el Combate contra los Delitos del Medio Ambiente y Fauna, destacó que la FGJE sigue fortaleciéndose internamente para ampliar el número de delitos por maltrato animal que son judicializados.
Plantean ampliar catálogo de delitos cometidos contra los animales
En respuesta a esta problemática, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, promovió una iniciativa encaminada a reformar el Código Penal del Estado, a fin de ampliar el catálogo de delitos por maltrato animal.
El legislador del Verde Ecologista sugirió recrudecer sanciones por crueldad contra los animales, el sadismo, la zoofilia o cualquier ataque sexual hacia cualquier animal.
“Los casos de maltrato y crueldad animal siguen siendo un foco rojo en nuestro Estado, en la Fiscalía General del Estado de Michoacán al día de hoy se han abierto 167 carpetas de investigación, se han judicializado 16 carpetas y tan solo seis veces se ha logrado la vinculación a proceso”, justificó el diputado.
En torno a la propuesta de Ernesto Núñez, se sabe que actualmente un delito por maltrato animal implica una pena de entre dos y tres años de prisión; sin embargo, de acuerdo con el legislador, sigue habiendo importantes lagunas constitucionales que impiden ampliar el número de casos que son judicializados por este ilícito.
