Reconoció que actualmente la sociedad está insatisfecha con el Sistema Estatal Anticorrupción. A su consideración, cuando se echan a andar políticas públicas de una envergadura o tamaño como la anticorrupción, se esperan resultados muy rápidos, y que esto no se ha dado al momento, lo que ha provocado insatisfacción en la misma población, genera que la gente desconfíe “y que vaya abriéndose la brecha de desentendimiento entre la sociedad y gobierno. Eso afecta a la marcha de las políticas públicas, y de las mismas instituciones y su credibilidad”.
Por Héctor Tapia
Este miércoles, en sesión del pleno del Sistema Estatal Anticorrupción, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), Jesús Sierra Arias, presentará una propuesta a los integrantes del mismo con el que se pretende que se pueda establecer un mecanismo de certificación que ponga a un mayor escrutinio a los servidores públicos.
No basta con que presenten sus declaraciones patrimoniales, de no conflicto de intereses y de hacienda, ni tampoco que se sigan las rutas de investigación que están dentro de las responsabilidades propias de cada institución, refirió el magistrado, y remarcó que una certificación como la que propondrá busca transparentar, previa voluntad del mismo servidor, sus antecedentes y sus relaciones.
“Sí hay avances, no los que queremos”, abundó el magistrado presidente del TJAM.
De esta forma, Sierra Arias reconoció que se echó a andar un sistema anticorrupción que por su diseño implica que estén involucrados y participando “muchos actores institucionales”, y que, por otro lado, no han logrado articularse como un sistema. “No nos hemos eslabonado adecuadamente”, aspecto que se necesita hacer de inmediato, insistió.
Cabe apuntar que al Sistema Estatal Anticorrupción lo integran desde el TJAM, la Fiscalía Anticorrupción, el Poder Judicial, el Instituto de Transparencia, la Contraloría del Estado, las Contralorías Municipales, un organismo ciudadano, la Auditoría Superior de Michoacán, por lo que consideró que “era para que ya pudiéramos articular una política estatal importante”.
Jesús Sierra dijo que “en este momento en que hay un renuevo de administraciones es buen momento para elaborar un plan, que ya está en principio en la ley”.
Refirió que en la lucha contra la corrupción se tienen que respetar el parámetro del debido proceso y la presunción de inocencia ante los presuntos casos de corrupción que trascienden; sin embargo, también se requiere que haya una mayor capacitación en los órganos investigadores, los cuales “por la falta de estabilidad” y los constantes relevos, en algunos casos se llegan a cometer errores, que cuando llegan a un tribunal, debido a que se tiene que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, esos errores se pagan, lo que a su vez genera más frustración y desencanto en la misma sociedad.
El magistrado presidente dijo que quienes investigan y sustancian las carpetas de presuntos actos de corrupción deben estar plenamente capacitados, además de que deben tener estabilidad para que sean más profesionales y continuos en sus procesos, “para que lleguen a mejores resultados en sus procesos de investigación y resolución”.
Dijo que si bien es cierto que cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción tiene un tramo aislado de trabajo en la substanciación e investigación de cada acto presumiblemente de corrupción, “al final somos eslabones de una misma cadena, y no tenemos que acusarnos unos a otros, sin ver qué falta, complementarnos para que la sociedad reciba información que resuelva sus insatisfacciones”.
“No todos los que son acusados necesariamente tendrán que ser responsables” de lo que se les señala, “pero sí tendríamos que ir planteando la señal de que estamos haciendo reducción de los amplios márgenes de impunidad que se viene presentando”, remarcó, y añadió que “la impunidad es lo que más duele, que veamos que alguien comete una falta y que no es castigado es lo que nos molesta”, por lo que se tiene que reforzar no sólo la parte correctiva o de castigo sino también la parte preventiva.
A partir de esto último, dijo, es que “debemos implementar acciones que prevengan la comisión de faltas que tienen que ver con corrupción”.
“Lo que creo que debemos hacer, es que quien esté con quien se considere que cumple con los parámetros de rectitud se le pueda generar un Certificado de Servidor Público Honesto con los parámetros que se deban construir en el propio sistema, con la visión de todos estos órganos que integramos el sistema, que va más allá de una simple declaración anual, patrimonial, de conflicto de intereses, sino que tenga que ver con su trayectoria”, explicó el magistrado.
Esta propuesta será presentada durante la sesión de este miércoles en asuntos generales. “Es una gran oportunidad, porque no sólo hay los aspectos correctivos, sino también los preventivos”, insistió.
Detalló que al Sistema Anticorrupción lo integran diferentes instituciones, y cada una representa un aspecto a evaluar: “Debe ser un órgano interdisciplinario que se dedique a elaborar estándares para que se cumplan con diferentes aspectos. Una certificación de esta naturaleza la veo con diferentes aspectos, no dejemos nada sin evaluar, y tiene que ser en este comité y en este sistema, para que realmente tenga valor no sólo gubernamental, sino social y ciudadano”.
Refirió que la certificación tiene un carácter ético, sin dejar de lado lo jurídico. “Nuestra gran deficiencia tiene que ver con el aprecio social, que no nos creen nuestras conductas, si eso lo logramos revertir, no sólo por la vía del castigo, sino también preventivo, iremos ganando terreno. Esto es un proceso largo, no es de la noche a la mañana”, enfatizó.
