Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Si sigue la tendencia presupuestal para el Instituto Nacional Electoral (INE) durante este año, para el proceso de revocación de mandato sólo podrá instalarse alrededor de una tercera parte de las casillas en relación con las que se instalaron en el proceso electoral de junio de 2021.
Esto lo apuntó el presidente del Consejo Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, cuyo consejo se instaló formalmente hoy con el fin de dar atención también al proceso de organización de la consulta de revocación proyectada para abril.
En las 32 entidades federativas se instalaron formalmente los consejos locales, esto en apego a la instrucción del Consejo General del INE, y se instala antes de que se emita la correspondiente convocatoria para el proceso de revocación, porque tienen que ejecutarse una serie de actividades que brinden certeza a la aplicación de este mecanismo.
De manera paralela, está en proceso de verificación el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, entre ellos, la verificación de las firmas que fueron entregadas por parte de las organizaciones civiles que la promovieron.
Explicó que la Ley federal de revocación de mandato establece la instalación del mismo número de casillas que en el proceso electoral de junio de 2021; esto implica la instalación 161 mil casillas a nivel nacional, y en Michoacán, de 6 mil 198 casillas.
Asimismo, para que puedan integrarse cada una de las casillas, dijo, es necesario tener un grupo de capacitadores, asistentes y supervisores electorales (CAE) en casi el mismo número que en el proceso pasado.
Para esto, dijo, se necesita seleccionar, aspecto que recaerá en los Consejos Distritales, los cuales tendrán que instalarse el próximo 10 de enero.
A su vez, estos consejos distritales son los que conocerán las propuestas sobre dónde se habrán de localizar las casillas para la revocación, y con ello proceder a la verificación de los lugares.
Para el 14 y 15 de enero deberán aplicarse los exámenes para la selección de los CAE, quienes serán designados el 4 de febrero, para dar paso a la insaculación de los ciudadanos que serán seleccionados para seguir este proceso de consulta.
En este contexto, David Alejandro Delgado dijo manifestar su preocupación por el tema presupuestal, porque “para poder organizar la revocación se necesitan 3 mil 830 millones de pesos”, de los cuales sólo se tienen al momento mil 508 millones de pesos; es decir, aún faltan 2 mil 300 millones de pesos.
Explicó que tan sólo para echar andar la estructura de los CAE que se requerirán para capacitar, asistir y vigilar el proceso de organización, se requieren alrededor de mil 880 millones de pesos; es decir, explicó, lo que se tiene al momento no alcanza para pagar a los capacitadores y supervisores que se tendrán que contratar.
Dijo que afortunadamente el Tribunal Electoral federal resolvió un juicio en el cual le ordena al INE se revoque el acuerdo de posposición que se hizo, y pide a su vez “se haga un nuevo análisis de dónde se puede generar ahorros”, sin que esto, refirió, menoscabe las funciones constitucionales, legales y laborales que tiene el INE.
Es decir, “esto implica que no se podrá tocar nada sobre la fiscalización, lo relativo a la elaboración de la credencial para votar, tiempos de radio y televisión, ni salarios del instituto, ni como sus prestaciones” de los trabajadores.
El presidente del Consejo Local dijo que si no hay los recursos, el INE “tendrá que hacer la consulta con lo que se pueda; es decir, podría ser una tercera parte de las casillas a instalar, a lo mejor alcanza para 2 mil 50 casillas, lo cual generaría un efecto contrario a lo que la ley dispone, que es el fácil acceso a la consulta y podría ponerse en duda la disposición constitucional que establece que para ser vinculatoria se requiere la participación del 40% del listado nominal”.
Por ello, consideró que el problema que se enfrenta es mayúsculo, a partir de la insuficiencia presupuestal.
De los 19 mil millones de pesos que le presupuestaron al INE para 2022, poco más de 6 mil millones de pesos son para atender las prerrogativas de los partidos políticos, lo cual le significan casi el 30% del presupuesto.
