Incapaz de pacificar al país, el régimen neoliberal sigue apostando a una estrategia unidimensional de combate a la violencia, el crimen y la inseguridad. Con una economía que ha tenido un magro desempeño y que a lo más abre espacios de empleo y ocupación en la informalidad, un conjunto muy importante de la población se debate día a día en la incertidumbre económica.
Con esta lacerante angustia que habita en el mañana de millones de mexicanos, el gobierno de este país ha decidido lanzarse a la conquista de la seguridad antes que la apuesta por pacificar al país. Una muestra de ello es el crecimiento que en términos reales tuvieron en su presupuesto para el siguiente año las secretarías de Marina y Defensa, ambas con incrementos de 13.4% y 11.4%, respectivamente; mientras que de 2009 a la fecha los recursos destinados a inversión pública se han reducido en 26 por ciento.
El sacrificio de la Paz y la Concordia que brindan la estabilidad económica y social de las familias de los mexicanos, ha sido sustituido entonces por una lógica que pretende resolver el conflicto de la inseguridad con más armas y perfeccionando los instrumentos jurídicos para legalizar el uso de la fuerza.
Prueba de ello es la llamada Ley de Seguridad Interior. Esta nueva infamia que se ha consumado en el saliente y nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto, no es otra cosa sino la agudización de una “estrategia” inexistente de combate al crimen organizado.
Sin un planteamiento claro de los orígenes de la actual ola de sangre que baña al territorio nacional, la plutocracia peñanietista hace oídos sordos a recomendaciones como las que han formulado organismos como Mexicanos Primero o Amnistía Internacional quienes consideran que esta pretendida ley es un fuerte retroceso -uno más- en materia de derechos humanos en el pais.
Y es que de ponerse en marcha las nuevas disposiciones legales contempladas en la propuesta mencionada, el ejército tendría a su criterio el emprender “acciones preventivas” en materia de seguridad, además de que deja sin mecanismos claros de vigilancia el cumplimiento de los derechos humanos durante las intervenciones del ejército en temas de seguridad interior.
La ley mencionada señala además que toda la información en materia de seguridad interior tiene el carácter de confidencial y puede abrir paso para el uso de las fuerzas federales en contra de manifestaciones sociales que a juicio de la autoridad, no sean consideradas pacíficas.
La imprecisión, vaguedad y los lugares comunes de los que está inundada la Ley en comento, a decir de los expertos, permiten que el pretexto de la seguridad interior pueda ser utilizado como una liga que se estira y afloja para permitir el uso de los cuerpos federales de seguridad a contentillo del Ejecutivo, sin que este tenga un contrapeso real, dado que solo está obligado, por conducto del Secretario de Gobernación, a brindar un informe al Poder Legislativo.
Lo cierto es que el agonizante gobierno de Peña, lanza la antítesis del canto del cisne justo en su ocaso. La mortaja y la oscuridad que evoca la llamada Ley de Seguridad Interior es un antimonumento a los sacrificados en este país en sus exigencias de cambios democráticos, apertura y respeto a los derechos humanos.
El próximo año, conmemoraremos nada más y nada menos que el 50 aniversario de la cruel masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, justo a manos del ejército. En aquel momento, el gobierno hizo un uso ilegal de su fuerza para combatir a quienes le cuestionaban. Ahora, ese monstruo revive llevando bajo el brazo la invocación de la ley, aunque no de la justicia, para volver alentar el régimen autoritario.
Pronto, sin embargo, se asoma una gran transformación social y con ella la tentación quizá, de querer acallarla con las armas. Eso es lo que más se teme con esta apuesta por la seguridad antes que por la Paz
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