Alrededor de 35 mil personas han sido desplazadas por motivos de violencia entre grupos armados, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México 2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó la senadora Diva Gastélum Bajo.
La legisladora del grupo parlamentario del PRI, se pronunció por crear un registro de desplazados en México, para obtener un diagnóstico de fondo sobre los alcances que tiene este fenómeno.
Expuso que en México el desplazamiento interno ha sido reconocido por el Estado, pero aún no se cuenta con un registro nacional, a través del cual se pueda conocer el número de casos que existen.
De ahí que la senadora detalló que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dio a conocer que se registraron 29 episodios de migración forzada masiva en México, impactando en al menos 23 mil 169 personas, en entidades como Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos desplazamientos, 20 fueron causados de manera directa por la violencia, detalló.
A decir de la senadora Diva Gastélum, Sinaloa registró seis eventos de desplazamiento masivos en el trascurso del 2016, representando 18.2%, con una población afectada de cuatro mil 208 personas.
Al proponer, en el Pleno de la Comisión Permanente, reformar el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (Inegi), dijo que la propuesta busca que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social genere indicadores para atender fenómenos y procesos sociales, los cuales no se limiten al Desplazamiento Interno Forzado.
Destacó que la violencia e inseguridad no son las únicas causas del desplazamiento forzoso; pues también existen otros motivos, como los desastres naturales y los proyectos de desarrollo, los cuales han sido descritos en diversos informes internacionales y dentro de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las ONU.
En la Ley General de Víctimas, recordó, se establecen medidas de protección y amparo por parte del Estado mexicano a las personas desplazadas, mientras que a nivel estatal, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, publicada en 2012, busca mantener la información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta.