Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Article 19, en un comunicado de prensa, rechazó las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, las cuales fueron contra la prensa, dijeron, y denotan “la relación de violencia y sometimiento que impera entre las autoridades políticas y la prensa, así como la intolerancia a la crítica y el escrutinio públicos”.
En el documento, Article 19 precisa que los audios filtrados ayer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, podrían tratarse de cuando Alejandro Moreno fungía como gobernador de ese estado.
En el audio, se le escucha decir que “agredirá verbalmente al empresario Alexandro Arceo y donde violenta a la prensa, utilizando la precariedad como arma de censura”.
“(…) Yo siempre lo he dicho, el hijo de puta que se pase de verga, una verguiza, verguiza salvaje. Nomás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.
“Esta no es la primera vez que Alejandro Moreno violenta a la prensa”, sostiene Article 19 y da pruebas: “Con base en los registros de Article 19, en 2015, cuando Moreno era candidato a la gubernatura de Campeche, registramos dos agresiones contra periodistas vinculadas a sus campañas electorales. Más adelante, ya como gobernador de dicha entidad (2015-2019), esta organización documentó 39 ataques contra la prensa, de las cuales, 15, es decir, el 38.46%, se relacionan directamente al gobierno de Moreno Cárdenas”.
Al dirigente priista, agrega en el comunicado, se le vincula con el encarcelamiento y tortura del periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar: “En 2018, Villarino Arnábar, uno de los periodistas a los que el gobierno de Moreno Cárdenas persiguió y etiquetó como “enemigos de Campeche’, estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén”.
Otro caso “que muestra el talante autoritario de Moreno” es que al medio Página 66 le fue removido contenido a través de la utilización del mecanismo de “notificación y retirada”, en relación con una nota publicada el 10 de enero de 2018 en dicho portal, en la cual informaron que la empresa Interconecta –filial del Grupo Altavista– habría firmado un contrato de casi 2 millones de pesos mensuales para proveer servicios de videovigilancia urbana en las cuatro principales ciudades de Campeche.
“Las ahora violentas declaraciones del dirigente político, preocupan también pues el ‘matarlos de hambre’ enfatiza un problema de violencia estructural contra la prensa: la precariedad laboral”, asevera Article 19.
Según el medio, hay entidades donde los reporteros ganan hasta 20 pesos por nota con fotografía publicada: “Deben hacer casi 16 notas publicadas para llegar al salario mínimo”.
“Utilizar la precariedad de la prensa y tomar ventaja de esta tiene un efecto cascada que en casos de violencia letal, como el de Roberto Toledo, Jorge Luis Camero y Moisés Sánchez, ha llevado a las autoridades a negar el vínculo de la labor periodística con sus asesinatos”, sostiene en el comunicado.
Y agrega: “La afirmación de: ‘quien se pase de (…)’ debe ser agredido –refiriéndose a la prensa– muestra la intolerancia a la crítica y al escrutinio públicos por parte del líder político, quien además contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión, los cuales establecen que las personas servidoras públicas o líderes políticos están sujetos a un umbral de tolerancia mayor a la crítica, debido al carácter público de sus funciones”.
Article 19 subraya que las afirmaciones de Moreno son “inquietantes”, porque el político priista considera normal “agredir y matar a la prensa como una forma de censura”, esto, menciona, “en un país donde se han asesinado a 153 personas comunicadoras del 2000 a la fecha y donde se agrede a la prensa cada 14 horas por ejercer su labor”.
Por ello, Article 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Campeche y a la Secretaría de la Función Pública estatal “una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, profesional y seria sobre los actos de censura perpetrados durante la gestión de Alejandro Moreno como gobernador de aquella entidad”, para lo cual, menciona, “deberá considerar los patrones de violencia contra las personas periodistas durante su sexenio así como el ambiente de permisividad para perpetrar este tipo de actos por parte del resto de la administración pública”.
“Exigimos también a Alejandro Moreno Cárdenas una disculpa pública dirigida a toda la prensa, donde además reconozca la labor fundamental que tiene el periodismo en una sociedad democrática”, refiere el documento, y agrega: “Hacemos un enérgico llamado a todos los partidos políticos a comprometerse con el respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico, ello atendiendo a un contexto de suma hostilidad contra la prensa desde todas las expresiones partidistas”.
