Por David Alejandro Delgado Arroyo
Una vez más, la Cámara de Diputados realiza una reducción al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral, en el contexto de una serie de acciones sistemáticas en contra de las autoridades electorales.
Si bien es cierto, mientras se escriben estas líneas continúa el debate en lo particular por los miles de reservas, ya ha quedado aprobado en lo general, de manera que, de los 24 mil 696 millones 828 mil 749 pesos solicitados, se le aprobaron 20 mil 221 millones 367 mil 571 pesos; es decir, una reducción de 4 mil 475 millones 501 mil 178 pesos en el Ramo 22 denominado Instituto Nacional Electora, lo que significa la reducción más alta realizada por la Cámara de Diputados, para el ejercicio 2023.
En términos relativos, con respecto al Gasto Neto Total del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es todo lo que gasta el Gobierno de la República, lo solicitado significa el 0.30%, y lo aprobado, el 0.24%.
En el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la propia Cámara reconoce que debe hacer una motivación reforzada, en relación al ajuste Presupuestal del Instituto Nacional Electoral, como lo ha ordenado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 209/2021.
Asimismo, en el dictamen se argumenta que el INE continúa sin reducir voluntariamente sus propuestas de presupuesto en los últimos ejercicios fiscales en comparación a otros Organismos Constitucionales Autónomos. Lo cual representa un argumento incomprensible, porque no se pueden comparar las atribuciones del INE con las de otros organismos, ya que su presupuesto se encuentra en correlación directa con los procesos electorales y de participación ciudadana que debe organizar conforme a las leyes que le detallan las características que debe cumplir, los cuales son variables y no son lineales, como pudiera ocurrir con otros organismos.
El dictamen también sostiene que el INE debió de asegurar la compatibilidad de sus propuestas con los criterios generales de política económica establecidos por la Secretaría de Hacienda, lo que además de violentar la autonomía del INE, no hay un solo criterio que tenga que ver con el Presupuesto del INE, lo que debió haberlo hecho en términos de la motivación reforzada. Cabe aclarar que realiza una especificación que no viene contenida en dichos criterios.
Pero lo más llamativo es que también motivan la reducción en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023, documento que genera el Ejecutivo Federal conforme al artículo 26 Constitucional, pero que su aplicación en esta materia podría limitar la autonomía Constitucional del INE.
Es decir, no hay una sola línea en donde la Cámara de Diputados haga una motivación reforzada de la disminución, en términos de los derechos que debe proteger la autoridad electoral.
Pero si especifican parcialmente en el Dictamen que es lo que se debe ajustar en el Presupuesto del INE, lo más importante son 4 mil 25 millones para Consulta Popular, que merece una profundización, lo cual el INE hizo dicho presupuesto precautorio con base en la resolución de la Controversia Constitucional 203/2020.
Entendamos esta parte: la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular establece que la petición de Consulta Popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso, hasta el 30 de noviembre del cada inmediato anterior en que se pretenda realizar la jornada de consulta, ya que se puede realizar cada año.
Sin embargo, la Constitución señala que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación a más tardar el 8 del mes de septiembre, en tanto que cuando inicie su encargo el Ejecutivo Federal lo hará llegar a más tardar el 15 de noviembre. Luego entonces, cuando el INE aprueba su anteproyecto de Presupuesto que envía el Ejecutivo federal para integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación no hay la certeza de que habrá Consulta Popular; por ello, es indispensable solicitar el Presupuesto Precautorio.
Considerando que el artículo 126 Constitucional señala que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior, es indispensable el Presupuesto Precautorio en materia de Consulta Popular.
Además, contrario a lo que pudiera argumentarse de que el dinero solicitado para la Consulta Popular, de no realizarse, el INE se quedaría con dicho recurso, es absolutamente falso, puesto que el propio acuerdo del Consejo General del INE en que se solicitó dicho recurso, establece que de no realizarse, se lleve a cabo la devolución a la Tesorería de la Federación de dichos recursos.
El problema del recorte de este concepto es que, si antes de que termine el mes hay una petición de Consulta Popular, no habría el dinero para realizarla.
Hay otros 450 millones 78 mil 890 pesos recortados por la Cámara de Diputados sobre el gasto operativo del INE, de manera que queda en 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos; en otras palabras, es una reducción del 3%.
Dicha reducción se desagrega, según la Cámara de Diputados, en 342.5 millones de pesos en Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público, así como 12.1 millones de pesos para Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales, además de un indefinido Otros, por 95.5 millones de pesos.
Cabe destacar que se tratan de proyectos principalmente relacionados con Obra Pública que implica la construcción de inmuebles institucionales, con lo cual el INE ha estado disminuyendo el arrendamiento de los inmuebles que se requieren para su operación en todo el país, para adquirirlos, con lo cual lo invertido no se va a fondo perdido sino a inversión.
Sin embargo, la Cámara no explica de manera específica las razones de estas reducciones, con lo cual incumple con la motivación reforzada que pidió la Corte.
En suma, en caso de no haber Consulta Popular, ni tampoco Reforma Electoral, con el Presupuesto aprobado en lo general, la autoridad administrativa electoral no tendría gran problemática para 2023; sin embargo, el problema es la ausencia de motivación reforzada de los ajustes realizados por la Cámara de Diputados.
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