La CNDH emitió recomendación por negligencia al Hospital General de Uruapan y Regional (Charo) de Michoacán, al señalar omisiones en la atención médica contra una persona adulta mayor, que ocasionaron que perdiera la vista en uno de sus ojos.
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, fue denunciada por omisión en las visitas de inspección a las estaciones migratorias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró este domingo que la queja por el caso Ayotzinapa que se presentó este 2022 por la desaparición forzada de los 43 estudiantes sigue abierta.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente el INE, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Vamos a quedar maniatados, porque no va ser nuestra competencia, porque la federalización o centralización, hace que nosotros ya no podamos intervenir”, adelantó Marco Antonio Tinoco Álvarez, ombudsperson en Michoacán.
Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), adelantó que se levantó por oficio la queja sobre la detención de 167 personas en Tiamba, Uruapan, presuntos integrantes de la agrupación Pueblos Unidos.
El gobernador remarca la pertinencia de que FGR atraiga el caso registrado el 5 de abril de 2017, donde fueron ejecutados extrajudicialmente cuatro habitantes de esa localidad.
Por sus dimensiones, el hecho tiene una trascendencia nacional, señaló, y agregó que se debe “determinar las posibles responsabilidades de las autoridades involucradas y defender a las víctimas para asegurar su acceso a la justicia y a la reparación del daño”.
En el informe que entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta Rosario Piedra acusó que estas acciones contra comunicadores fueron cometidas “por diversas autoridades, entre las que destacan la Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fiscalía General del Estado de Sonora, Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Fiscalía General de la República”.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer que se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto fueron realizados por elementos de la extinta Procuraduría General de la República, del Ministerio Público y custodios, esto desde el momento de su detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias y posterior traslado al CEFERESO número 1.
