El legislador de Morena anticipó el triunfo de los candidatos del partido guinda en la elección que se realizará el domingo en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.
Mario Herrera Sánchez, agricultor de la zona, explicó que el municipio cuenta con cerca de 72 ejidatarios que manejan aproximadamente 200 hectáreas, los cuales necesitan principalmente del apoyo del gobierno federal y estatal para lograr su producción.
La iniciativa, dijo el diputado, se enfocaría en defender el trabajo de los conductores y de los usuarios de las plataformas. “El derecho al trabajo es un derecho universal y es un derecho humano”, dijo en torno a quejas de transportistas.
La congresista reconoció que los intérpretes reciben un bajo salario mensual, por lo que se ofreció un poco más de doble por cubrir las sesiones legislativas y eventos oficiales; sin embargo, dijo que no ha recibido respuesta.
El legislador asistió a la segunda entrega de apoyos del programa a familias Morelia, en el que reconoció al gobernador Alfredo Ramírez por impulsar estas acciones.
“Si leemos a detalle el decreto, a la temporalidad de tres años establece que, durante ese tiempo, se deberá destinar el predio al desarrollo de las oficinas”, dijo el legislador morenista, y destacó que la desincorporación se votó por unanimidad.
En el nuevo ordenamiento jurídico se da prioridad a los niños y adolescentes, incluyendo la gratuidad de los servicios de atención integral que se les debe brindar a quienes sufren de adicciones.
La diputada explicó que la desincorporación del antiguo cereso es un proyecto que abre posibilidades de empleo, desarrollo y esparcimiento en Morelia, esenciales “para una vida digna y para reducir los índices de inseguridad”.
“No debemos olvidar que el gobierno estatal anterior, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, pretendía hacer negocios privados, no sólo con el anterior cereso”, dijo el legislador.
Con la desincorporación del presidio del excereso, dijo el legislador morenista, se lograrán cubrir más de 721 millones de pesos que corresponden a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, de los 29 mil 768 trabajadoras y trabajadores del Ejecutivo.
