Mario Alberto Villegas Alfaro deberá informar al órgano de gobierno del Congreso sobre el avance del cumplimiento de diversos acuerdos establecidos por los integrantes de la junta, esto en cuanto a la situación que guarda la plantilla laboral del legislativo.
La diputada Liz Hernández reflexionó sobre los temas expuestos en el foro, en los que las presidentas solicitaron un trabajo conjunto para dar solución a temas como seguridad, salud y equidad de género.
El acuerdo del exhorto remarca que a Adriana Hernández Íñiguez le corresponde velar por el equilibrio entre grupos parlamentarios y hacer prevalecer el interés general del Congreso por encima de los intereses particulares o de grupo, lo cual, afirman, no ha cumplido.
Los diputados de PRI, dijo, “exhortamos al Gobierno del Estado para que integre las áreas y estructura orgánica mínima para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Nombrados “Dialogando con Igualdad”, servirán para que las mujeres de distintos sectores puedan plantear sus preocupaciones y a partir de ello bosquejar un paquete de iniciativas que se habrá de presentar, dijo la legisladora.
La diputada local dijo además que la Auditoría Superior de Michoacán está por signar un convenio con la ASF, que tiene como fin precisamente mejorar la coordinación en beneficio del trabajo de fiscalización.
Esta es una de las reformas que contempla en su agenda la fracción parlamentaria para este Segundo Periodo de Sesiones en el Congreso local, explicó el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza.
“Estoy seguro de que los concesionarios y operadores responderán con mejoras en el servicio, para beneficio de las y los usuarios, ya que son su fuente de empleo”, afirmó el diputado local.
Durante enero hubo días en los cuales no operó de forma adecuada la recaudación, y las plataformas, que se supone estarían habilitadas, no funcionaron en su totalidad. “Pedimos que se regresen los días perdidos por errores técnicos”, dijo la congresista.
La congresista dijo que la propuesta es en beneficio de Michoacán y su población, ya que solventará una grave laguna jurídica que flagela a las personas desplazadas en el estado, con lo que se hará al orden jurídico estatal más responsable, garantista y comprensivo.
