El estado tiene al momento apenas 3 mil 618 firmas registradas en la plataforma digital, de las 105 mil 584 que se necesitan como mínimo, lo que significa que apenas tiene el 3.43% del listado nominal, a 18 días de la fecha límite que es el 25 de diciembre.
La semana pasada explicaba en este medio que el Proceso de Revocación de Mandato tiene características diferentes al Proceso Electoral, ya que no todas las actividades propias del Proceso se pueden realizar dentro del Proceso, y esto es por los plazos tan corto que asignó el Constituyente Permanente.
El INE no obstaculiza de ninguna manera el ejercicio de un derecho político novedoso para revocar por pérdida de confianza un mandato de la Presidencia de la República. Sin embargo, sí tiene frente a sí retos logísticos y presupuestales de grandes dimensiones.
Este proceso de destrucción transcurre sin sobresaltos debido a que los resultados de las elecciones federales del 2021 en Michoacán no generaron movimientos posteriores a la Jornada Electoral. Pero no siempre ha sido así, al menos en la historia reciente electoral de México ha habido dos momentos en que la destrucción generó polémicas intensas. Me refiero a las de 1988 y las de 2006.
El INE ha solicitado 35 centavos de cada 100 pesos del Total del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que significa una cantidad muy fraccional que no corresponde a la visibilización que la opinión pública le magnifica.
En la opinión sobre asuntos electorales ha sido frecuente desde hace casi tres décadas la postura de digitalizar las elecciones, entendiendo por digitalizar la acción de registrar datos en forma digital. El tema de la confianza es básico, más aún en un país como México, donde el sistema electoral se ha construido con base en la desconfianza.
En el Estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 llama la atención que uno de los grupos de edad con menor participación en la emisión del voto en México fue precisamente el grupo de edad de 20 a 24 años, el de los jóvenes.
En el siglo XX, la ampliación del derecho político a votar de las mujeres fue una generalización en la mayor parte de los países del mundo. De manera que México ya estaba tarde cuando se establece este derecho, que ha tenido una nueva etapa para buscar la paridad de género en reformas sucesivas desde 1994 hasta 2014, para luego ir hacia la paridad sustantiva y generalizada.
"La mayoría de quienes integran la Sala Superior respaldaron la propuesta de que el INE deberá implementar una política electoral nacional para prevenir factores de riesgo de violencia electoral".
