El dictamen indica que los médicos tienen el derecho a argumentar una objeción de conciencia, aunque con la obligación de derivar a la mujer a otro especialista.
Colectivos feministas acusan que mantener la penalización del aborto convierte a México en un país que falla a la mitad de sus habitantes, reafirmando un prejuicio que las coloca como ciudadanas sin derechos.
