“El costo estimado que gasta cada ciudadano en pago de sobornos, principalmente en Michoacán, llegó a los 5 mil 100 pesos por michoacano, colocando al estado como el tercero a nivel nacional donde se gasta más en corrupción por persona”.
“Aunque Michoacán avanzó una posición en el ranking nacional del Índice de Estado de Derecho, el promedio de cumplimiento no supera la calificación de 4 puntos de 10, es decir, nos mantenemos reprobados en límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal (ocho factores)”.
“La participación ciudadana no se da por default. Es necesario tocar puertas, exigir apertura y hasta señalar cuando no se atienden los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica Municipal, Ley de Planeación del Estado de Michoacán, Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Michoacán y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana”.
“La cifra que reveló la OMS en su más reciente informe sobre la pandemia corresponde a casi el doble del número de muertes registradas por las autoridades de salud del país, convirtiendo a México en el quinto país en el mundo con mayor subregistro”.
“La gobernanza y la participación ciudadana parecen punto y aparte cuando hablamos del Poder Judicial y, hasta cierto punto, la impartición de justicia no requiere más elementos en su fórmula que los que proporcionan los involucrados”.
“En las últimas semanas, dos ocasiones, la agenda pública ha señalado la sospecha de que los aviones de la Guardia Nacional se han utilizado de manera indebida —e ilegal— por parte de funcionarios públicos federales”.
“Durante poco más de seis semanas, el Congreso de la Unión fingió escuchar y analizar las propuestas de expertos, cámaras y actores involucrados en la reforma energética que, al final, no sufrió una sola modificación en la propuesta enviada por el Presidente de la República”.
Es necesario que los legisladores pongan atención a los frenos que impiden que los mecanismos de participación ciudadana sean una realidad constante en nuestro estado y hagan las modificaciones que se requieren.
El quid del Presupuesto Directo radica en la atomización de los recursos, la determinación no siempre adecuada de las obras a realizar por parte de la comunidad y la ilusión de que el dinero se entregará sin fiscalizarse, sin necesidad de transparentarse y, lo peor, sin responsabilidad para quienes lo ejercen.
Si bien la autoridad ha cometido repetidamente errores en comunicar adecuadamente sus estrategias y acciones contra la pandemia y sus efectos sociales secundarios (se han comunicado tan mal que ni siquiera sabemos si las tiene), también es cierto que el respaldo de la CNTE a quienes no regresen a las aulas no es un gesto de solidaridad desinteresado, no. Se trata de un reto —otro más— a la autoridad, una medición de fuerzas, una demostración de quién puede más.
