El canciller, según la publicación, dijo que las autoridades de Estados Unidos actuaron con engaño y sin consideración de México, y les cuestionó si hubieran hecho lo mismo con Francia u otro aliado. “Nunca había visto a Marcelo tan enojado”, reveló el exembajador Landau.
“Son 12 visas las que están pendientes y son para agentes nuevos que reemplazarán a los 12 que operaban en México, la aprobación depende de la reciprocidad de Estados Unidos”, son las palabras que dijo un alto funcionario de la SRE entrevistado por el semanario Proceso.
Según información que obtuvo el diario Reforma, Édgar Veytia nombró cuatro veces a Salvador Cienfuegos en sus declaraciones e involucró al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz, con Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el “H2”.
Un solicitante interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque, en su opinión, no era posible comprobar si la primera versión oficial se testó correctamente.
“Soy totalmente ajeno a los hechos que se me pretenden atribuir”, dijo Cienfuegos. “Soy inocente, y a lo largo de seis décadas en el Ejército siempre actué con honor y lealtad”.
Así se cierra uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos meses, en medio de sospechas de presiones militares hacia el presidente AMLO y la inconformidad de millones de mexicanos hastiados de la corrupción endémica en el país.
El gobierno federal desea ocultar tres aspectos específicos: las muestras de descontento expresadas a EU tras la detención de Cienfuegos; la queja por no haber sido informados sobre la investigación; y las pruebas de Washington contra el exsecretario de la Defensa.
“Hay un grupo de militares que no tiene controles institucionales dentro del Ejército”, dijo Gallardo. “Ese poder fáctico dobló al presidente”. A esa cofradía pertenecerían el propio Salvador Cienfuegos y el actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
El regreso de Salvador Cienfuegos parece poner un paréntesis a un largo historial de desconfianza de Estados Unidos a México. Numerosos analistas coinciden en que la suspicacia estadunidense se profundizó en las ultimas décadas tras el asesinato del exagente de la DEA Enrique «Kiki» S. Camarena Salazar, ocurrido en México en 1985.