La acción tiene la finalidad de hacer frente a los actos de corrupción a través de la investigación y persecución de delitos, además de aprovechar el uso de las nuevas tecnologías.
El documento tiene la finalidad informar a la dependencia, entidad o cualquier otro organismo contratante, el antecedente de sanción vigente de inhabilitación con la que pudiera contar el aspirante a servidor público que la solicita, informó la titular Azucena Marín.
El monto ejercido a través de la Secretaría de Salud, y que está bajo esta observación, asciende a 7 mil 600 millones de pesos. A partir de denuncias internas de la misma Secretaría de Salud se ha podido rastrear que algunas de estas empresas subrogadas al sector salud están vinculadas con medios de comunicación.
Las observaciones se emitieron durante el ejercicio fiscal de 2017, cuando la ya extinta Secretaría de Desarrollo Social y Humano estuvo a cargo de la exdiputada local, Miriam Tinoco Soto, quien, durante su paso por la dependencia, incidió en irregularidades que van desde la no comprobación de recursos destinados a la atención contingencias, hasta la duplicidad de beneficiarios que en teoría recibieron apoyos de carácter social por parte de la administración silvanista.
La titular de la Secoem, Azucena Marín, los convocó a trabajar con toda la entrega para generar resultados a corto plazo en el combate a la corrupción, así como en las acciones preventivas y de labor que realiza la dependencia estatal.
Anteriormente “se sacaban alrededor de 50 o 60 resoluciones por año, ahora estamos sacando entre 60 y 80 por semana”, lo que dejaba ver que el tema de la contraloría era un tema político, de “no moverle”, dijo Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado.
Desde febrero del 2020 la SECOEM inició una serie de trabajos encaminados a la entrega que iniciará en próximas fechas; “algunos insistían en que era muy pronto, pero para quienes somos administradores la mayor planeación genera resultados”, detalló el secretario.
El Gobierno estatal se ubica en el sexto sitio en materia de transparencia. Sin embargo, estos indicadores se modifican negativamente cuando se califica a todo el estado, incluido municipios, y otros poderes.
El titular de SECOAEM reconoció que es prácticamente inviable fincar responsabilidades contra los Gobernadores, dado que generalmente no son quienes firman documentos financieros.
