Durante una sesión virtual realizada el 30 de agosto, el TEEM determinó la validez y legalidad de la elección de la gubernatura de Michoacán, por lo que el acto a realizarse este lunes es una formalización de la decisión del organismo jurisdiccional local.
El INE acató la orden del TEPJF de revisar la sanción contra Movimiento Ciudadano del 22 de julio, ya que detectó que familiares del gobernador electo Samuel García Sepúlveda realizaron transferencias bancarias a dicho partido por 14 millones de pesos.
Reyes Rodríguez Mondragón asumió formalmente la tarde de este jueves la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y por sus orígenes y lo que está en juego, las suspicacias se han despertado.
El abanderado por el PRI-PAN-PRD aseguró que el TEPJF resolverá a su favor el recurso de anulación a finales de septiembre y que en Morena-PT “ya anda movilizándose” de cara a una nueva elección.
El presidente preguntó si se había publicado algo en medios con respecto al conteo de votos, a lo que la prensa tímidamente respondió que no. “No hubo información, no se supo. Imagínense si hubiesen encontrado votos falsos, ¡el escándalo! Pero como creo que Layda sacó hasta más votos, los mariachis callaron”, dijo.
Rogelio Franco Castán no puede ser considerado como legislador, ya que esto representaría una franca violación a la fracción II del artículo 38 de la Constitución, pues se encuentra sujeto a proceso y está privado de su libertad por determinación judicial, por lo que tiene suspendidos sus derechos políticos, dijo el presidente nacional de Morena.
“A los magistrados federales, la mayoría, me parece, no les tiembla la mano para aplicar la ley, a diferencia de los magistrados estatales”, dijo Carlos Herrera Tello.
“A pesar del Tribunal, estamos seguros que se va a ratificar el triunfo de Layda, porque ya se han abierto más del 70% de los paquetes electorales y la tendencia es favorable”, dijo el dirigente nacional de Morena.
El principal acto que reclama el magistrado es la resolución emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien el 30 de julio ordenó a la FGR reabrir la investigación en su contra.
Los magistrados resolvieron que la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD no presentó pruebas que lograran acreditar que hubo irregularidades en la elección de gobernador, tales como embarazo de urnas, violencia generalizada e intervención de la delincuencia organizada, dijo el gobernador electo.
