"Las etapas de investigación deben estar suficientemente motivadas y fundamentadas, ya que de estas depende en buena parte el desarrollo de los casos que más tarde se presentan ante instancias como la ASM, la Fiscalía Anticorrupción o el propio TJAM”, expuso el magistrado.
Tres autoridades integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción se posicionaron al respecto durante la inauguración del “Taller de Actualización Normativa en Materia de Investigación y Substanciación de Responsabilidades Administrativas”, que se realizó en la sede de la Auditoría Superior de Michoacán, en Morelia.
Jesús Sierra Arias se reunió con un grupo de estudiantes de la materia de derecho administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, a propósito de las competencias de la justicia administrativa en nuestra entidad.
La firma de este documento, realizada en el Palacio de Justicia “José María Morelos”, estaba prevista para el año anterior pero los imperativos de la pandemia por la pospusieron.
El magistrado presidente, Jesús Sierra Arias, dio a conocer que la digitalización de 13 años de documentos les permitirá, además de mejorar las condiciones para tramitar solicitudes de transparencia que reciben, tener un modelo de memoria digital.
Los magistrados señalaron que un trabajo como este resulta útil para las nuevas generaciones de abogados, para los litigantes de otras entidades y para los ciudadanos, a fin de que conozcan la norma que avala el ejercicio de sus derechos.
Se encargarán de la prestación de los servicios de limpieza y fotocopiado al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán por lo que resta del presente año.
“La materia laboral ha tenido dos posiciones contrapuestas entre el trabajador y el patrón, donde el primero ha sido históricamente débil frente al otro históricamente fuerte”, dijo el presidente del TJAM, Jesús Sierra Arias.
Esos recursos fueron analizados y resueltos conjuntamente por el Pleno en sesión jurisdiccional ordinaria, de los cuales derivan apercibimientos que hace el Tribunal a las autoridades (estatales o municipales) que no acatan sus sentencias.
