Por Marisol Aguilar
En los últimos días ha estado en distintas mesas el otorgamiento de seguro social a empleadas domésticas a raíz del amparo directo número 9/2018 aprobado en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin duda es un logro obtenido en la lucha de los derechos de la mujer, ya que según datos del INEGI en México el 90% de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado son mujeres.
Con la película Roma de Alfonso Cuarón, tomó mayor fuerza el debate sobre la revalorización del trabajo doméstico, se hizo más visible la explotación, bajo salario e incluso la poca estimación social a una labor que muchas veces conlleva jornadas dobles, maltrato, acoso y falta de prestaciones de ley.
La SCJN resolvió que el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS deberá, en un plazo no mayor al primer semestre de 2019 implementar un programa piloto para ejecutar un régimen especial para las trabajadoras del hogar, de ahí el nacimiento del programa con el nombre: Régimen Especial Opcional de Seguridad Social.
No se puede poner en tela de juicio si se debe o no el otorgar seguridad social, es un derecho como el de cualquier trabajador, y aunque es un programa que se estará evaluando, no se está revisando la problemática de manera integral.
En primera instancia la SCJN no posee la facultad de girar instrucciones a una institución como el seguro social para crear “programas pilotos”, la vía debe ser la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo y solicitar se brindé el presupuesto necesario para atender el incremento de a dicha demanda, que es alrededor de más de 2 millones de personas.
Si bien, es un gran paso para el reconocimiento a las y los empleados domésticos, la deuda es muy amplia y el programa contiene lagunas tanto para el empleado, como para el empleador.
Ni la Ley del Seguro Social ni la Ley Federal del Trabajo contemplan dicho régimen, hasta el día de hoy con las leyes vigentes, lo que se observa es que si se brinda habitación y alimentos se incrementa 50% del salario en el pago de las prestaciones, las cuales se pagan por adelantado e incluso algunas expertas en el tema refieren el cálculo de riesgo de trabajo.
Legalmente el tema no se encuentra abordado de manera completa, no se puede comparar una casa con una empresa. En la presentación del programa de afiliación se habla de un régimen especial pero no se clarifica si habrá inspecciones de parte de Secretaría de Hacienda o del propio Instituto del Seguro Social como lo marca la normatividad vigente.
Más allá de los compromisos que adquiera el o la empleadora, el principal riesgo es la baja al sueldo mensual por la falta de una verdadera incorporación de régimen para el caso de las empleadas domésticas. La solución es insuficiente, un programa piloto es un paso importante pero debe de ir acompañado de una política pública integral partiendo de modificaciones sustanciales en el ámbito legislativo que le den certeza económica y jurídica.
En segunda instancia, al proponer un programa de tal magnitud se requiere un partida presupuestal que satisfaga de manera efectiva las necesidades de infraestructura y estructura que están por sumarse al padrón ya existente. No podemos omitir que el sistema de salud de nuestro país se encuentra a punto de colapsar en varios ámbitos, principalmente en el abastecimiento de medicamentos y la atención al derechohabiente; es inhumano hacer esperar algunas veces más de seis meses para la obtención de una cita, o estar a la suerte esperando que no cambien de fecha la operación que se tenía programada desde hace meses.
Este tema abre un cúmulo de paradigmas que ya no pueden permanecer invisibles, es imprescindible acciones firmes, en los derechos de los y las trabajadoras domésticas, en la incorporación a servicios de salud, en un trato digno de las instituciones que proveen estos servicios, en una respuesta eficaz y eficiente; y a su vez eliminando las brechas de discriminación que existen en México buscando salarios, prestaciones y jornadas justas.
