Héctor Tapia
Para dar seguimiento a los casos de los presuntos actos de corrupción tanto del Teatro Matamoros como de la Presa Francisco J. Múgica, que conforme ha trascendido en fechas recientes hay varios delitos que estarían prescritos, podrían establecerse nuevas rutas para sancionar a los responsables, explicó Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del estado.
Para ello, dijo, es necesario que los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción se sienten y revisen puntualmente las rutas y definan cuáles podrían ser las rutas a seguir, y que en caso de no encontrarse nuevos elementos para llevar a juicio a los responsables de los presuntos actos de corrupción que se han venido ventilando entonces se pueda proceder por omisión contra los servidores públicos que no actuaron a tiempo.
En entrevista para Metapolítica, el secretario dijo que –a partir de una suposición- si no se interpusieron denuncias de parte de quien le correspondía era porque se estaba a la espera de los resultados de los resultados de la auditoría realizado por el organismo fiscalizador local, la Auditoría Superior de Michoacán.
“Cuando estás en un proceso de investigación y auditando, esperas los resultados para ver si se desprende un tema de carácter penal, o si se deja en tema de resarcimiento, pero es una vez que se concluye el proceso” de fiscalización.
En este contexto dijo que se fueron pasando los tiempos y no hubo respuesta ni quién se manifestara al respecto, de parte de a quienes les correspondía proceder sobre el tema.
Huergo Maurín fue enfático en decir que la omisión de parte de las mismas autoridades es una responsabilidad, por lo que consideró que estos temas es probable que no queden o terminen en lo que se ha señalado, la prescripción.
En lo que respecta a la obra de remodelación del Teatro Matamoros, obra que debió quedar concluida en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, y en la que la cantidad de recursos para concluirse (que aún no finaliza) ha venido en constante incremento, dijo que a la par del trabajo de fiscalización que hizo la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la Secretaría de Contraloría hizo también una auditoría, no en los mismos términos, porque sería dar elementos a los presuntos responsables a una defensa por esa causa y con ello llevar a que se “cayera” el procedimiento, “nos mantuvimos al margen y encontramos faltas administrativas e inhabilitamos a un personaje por 4 años”.
Ahora, sobre ambas obras, el Teatro Matamoros, y la Presa Francisco J. Múgica, de este último pesan acusaciones de sobornos ligados a la empresa brasileña de Odebrecht, que se investigan incluso a nivel internacional, dijo que los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, incluidos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se tienen que sentar a plantear los pormenores sobre los elementos que podrían utilizarse para dar seguimiento.
Sobre las rutas, dijo, son temas que no deberían discutirse en la prensa, sino en las instancias para no contaminar los procesos; “para nosotros llegar a los mil millones de pesos resarcidos al erario estatal, lo discutimos en los tribunales, y cuando ya hay un resultado lo haces de conocimiento público”.
Francisco Huergo dijo que se “provocará” una sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para que “se arme una mesa”, y en ella se vea qué sí se puede impulsar y qué ya no, “y salir con una postura firme”, conjunta, donde se explique incluso qué seguiría la ruta penal, pero ponerse de acuerdo.
“Provocaré que se abra una mesa para discutir el tema, ver legalmente qué hay al alcance y qué no; qué elementos documentales hay sobre el caso de Odebrecht, y salir con una posición conjunta”, indicó.
Fue aquí que refirió que podría haber nuevas rutas para ambos casos, “pero es necesario que nos juntemos todos los actores que podemos aportar algo en el tema, aportar de manera normativa elementos que pudieran ser utilizados, y si la respuesta es que no hay posibilidades también decirlo”.
Eso sí, y fue enfático en este aspecto, dijo que “lo que se puede hacer es que si hubo omisiones y quienes fueron omisos tendrán que responder”, e iniciar los procesos correspondientes para que “no se quede la ciudadanía con la sensación de falta de atención de los servidores públicos”.
El funcionario estatal consideró que en ambos temas se tiene que salir a dar la cara a la ciudadanía, “y saber en qué posición estamos, que nos digan los propios abogados qué elementos se tiene y a partir de ahí tomar decisiones, y si nada hay que hacer, proceder por omisión, porque alguien fue omiso, alguien no hizo lo que tenía que hacer”.
