Por: Héctor Tapia
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya dio el primer paso; pequeño pero significativo, es cierto, pero todavía falta, puede y debe ir más a fondo. Dar el manotazo en la mesa y hacerse respetar, mandar el mensaje de que está al pendiente de todo y de todos.
Hace unos días emitió medidas cautelares para cuatro diputados locales donde les ordenó que suspendieran y retiraran la promoción personalizada de la entrega de despensas, que se dio en medio de la coyuntura de la pandemia.
Hay que ser claros, las medidas cautelares fueron producto de la queja que interpuso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual acopiaron elementos más que visibles en redes sociales, donde los legisladores locales sin pudor ni recato alguno se promocionaban y se publicitaban a sí mismos entregando los referidos insumos.
En el argumento para la presentación de las medidas cautelares del resolutivo no fue para frenar cualquier apoyo o acompañamiento a la ciudadanía en estos tiempos difíciles, no; fue por una acción simple: la promoción personalizada que venían haciendo descaradamente dichos legisladores.
Los diputados señalados en la queja documentada hasta finales de mayo fueron Wilma Zavala, de la Representación Parlamentaria, Francisco Cedillo de Jesús de Morena, David Cortés Mendoza del PAN y Brenda Fraga Gutiérrez del Partido del Trabajo.
Sin embargo, no alcanzaron a entrar en la queja los nombres de otros legisladores que incurrieron en la misma falta.
Ahora, este tipo de acciones deben ser tomadas de oficio de parte de la autoridad electoral, y no necesariamente a petición de partes, como sucedió en este caso específico. Siendo así, ¿el IEM habría actuado y emitido resoluciones o sanciones por sí solo?, la duda está en el aire.
Lo cierto es que todavía está por darse una resolución que atienda el fondo de la queja, dado que las medidas cautelares, un mes después de interpuesta la queja, son en tanto se emite un resolutivo sobre si violentaron esos diputados la norma electoral, porque al ser promoción personalizada, y con recursos públicos, deja además en condiciones de inequidad ante una eventual candidatura que tengan dichos actores.
Por qué es una oportunidad histórica, porque no son los únicos que han incurrido en esta falta, pero no sólo entregando despensas, sino pagando publicidad de sí mismos en distintas plataformas, pautando en Facebook, twitter, en portales informativos. Quizá el causal sea distinto en algunos aspectos concretos, pero de fondo estamos ante la promoción personalizada, muchos de ellos usando recursos públicos.
Hay que remarcar que el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
El caso de los legisladores señalados debería servir para enviar un mensaje al resto de los servidores públicos que se están promocionando; estamos a un mes de que arranque el proceso electoral, y un mensaje de este tipo sería contundente, ayudaría a reforzar la credibilidad del instituto ante los ojos ciudadanos que ven con escepticismo todo lo que tiene que ver con “la cosa pública”, con la política, con el derecho electoral, los derechos de todos.
Este tema tiene muchos aristas, pero por el momento es importante remarcar la oportunidad que tiene el organismo electoral de plantarse frente a la actitud de muchos actores públicos y políticos quienes por su postura “tientan” a las instituciones, porque, quizá, piensen que pasa nada y que no habrá mayores consecuencias, aprovechándose de los resquicios.
