Por Jaime Márquez
Ante un escenario movedizo de afirmaciones y negaciones relacionadas con la acción coordinada para la seguridad en la capital michoacana, ha llegado el momento de la definición entre la administración estatal y municipal.
Dado el escalamiento en el grado delictivo y que Morelia se ha convertido en el centro de la inseguridad en el estado con 24 homicidios de 66 en la entidad, en lo que va del mes – superando a ciudades como Uruapan, Zamora y Jiquilpan-, el gobierno Bedollista ha redoblado la insistencia para formalizar la coordinación con el propósito de enfrentar acciones complicadas de inseguridad.
Dicha propuesta ha sido rechazada por Alfonso Martínez, por más de año y medio con distintos argumentos, que van desde el presunto desconocimiento de los puntos cardinales del plan, hasta la presunta desaparición de la Policía Municipal.
Despejada la niebla, ha quedado claro que no desaparece, que no se tocan los recursos municipales y que la administración moreliana conserva sus facultades constitucionales en materia de seguridad.
Y por lo que ve al director de Seguridad Pública, el mismo puede de ser designado en común acuerdo entre el estado y el municipio, con la condicionante de que cumpla con la certificación y plegarse a los requisitos para ejercer el cargo. En este renglón la postura estatal es irreductible.
En cambio, hay apertura en otras cláusulas que pueden reconsiderarse o modificarse, con el propósito de allanar el camino al gobierno de Morelia, para que acepte la coordinación por medio un acuerdo transparente que permita pacificar la capital michoacana.
Para puntualizar los matices del plan, se requiere que el municipio acuda a la mesa estatal y presente las propuestas específicas que considere y, que ya no continúe con la actitud perniciosa de la indefinición. Se plantea flexibilidad y voluntad para construir un acuerdo que sume y vigorice una acción conjunta, contra la indefinición que resta, paraliza y aniquila.
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