A Karen Itati por su sorora e invaluable asesoría.
Por Elizabeth Juárez Cordero
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas por primera vez las mujeres están representadas en todos los parlamentos del mundo, las mujeres ocupan 25.8% de los lugares disponibles en los órganos representativos de 47 países. Actualmente, México se encuentra entre los 15 con mayor porcentaje de mujeres en su cámara baja, con un Congreso totalmente paritario, alcanzado apenas en 2018.
Sin embargo, la lucha por los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, no solo no ha sido un camino fácil, sino que como ocurre en otros ámbitos de la vida social, aún persisten importantes desafíos en el ejercicio efectivo de nuestra participación en los espacios de representación política, como de toma de decisiones en los cargos del servicio público.
Las resistencias fuera y dentro de los partidos políticos e instituciones del Estado que señalan, limitan, anulan o descalifican nuestra todavía frágil e incómoda presencia en entornos altamente masculinizados abundan, cuyas estructuras verticales y poco democráticas, promueven con facilidad representaciones ornamentarias o ficticias que cumplen en lo formal, en lo cuantitativo, pero que no necesariamente abonan en la construcción de una agenda pública en favor de los derechos y libertades de las mujeres.
La selección de precandidaturas y candidaturas ha sido un claro ejemplo de ello, el acomodo de las listas de representación proporcional, la asignación en distritos “perdedores” sin posibilidades reales de ser votadas con éxito, la remoción por suplencias en los cargos, las denominadas “juanitas” fueron solo algunos subterfugios utilizados por la clase política que de 1996, fecha en la que fueron introducidas por primera vez las cuotas de género, hasta hace apenas 2015 con la incorporación de la paridad como principio constitucional; marcaron el proceder de quienes aun con pesar han aceptado la invasiva y cada vez más demandante oleada violeta de mujeres interesadas por participar de los asuntos públicos.
La falta de relevos generacionales al interior de los partidos políticos es un buen indicio para suponer que aquellos que maniobraban con la representación de las mujeres, son también hoy los principales incitadores de la violencia política por razón de género, que si bien “conceden” un lugar no están dispuestos a hacer del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres una ruta recta y segura, pues hay regiones en el país en las que manifestar una aspiración política puede ser toda una osadía, al grado de poder en riesgo su vida.
Según datos del Instituto Nacional Electoral de los 2 mil 471 municipios solo el 26% están dirigidos por una presidenta municipal mujer, y es también en el ámbito municipal dónde tienen lugar el 72% de los actos constitutivos y sancionados por violencia política en razón de género, y en las que se encuentran personas sancionadas no sólo con cargos públicos sino también ciudadanos y periodistas.
Es por ello que la deuda histórica en el ejercicio de derechos políticos de las mujeres en nuestro país dista de ser saldada. Si bien los marcos normativos, como los mecanismos de sanción desarrollados e implementados por los órganos electorales administrativos como jurisdiccionales han sido un gran avance, que busca alentar una mayor participación política de las mujeres y al mismo tiempo inhibir conductas que violenten, discriminen o busquen frenar dicha participación, aún persisten importantes retos culturales, particularmente en municipios y comunidades.
En este sentido, el impulso de acciones afirmativas como los parlamentos de mujeres a nivel local, son una gran oportunidad para promover el ejercicio de nuestros derechos políticos, la posibilidad de escucharnos entre nosotras y de hacerlo de cara a la ciudadanía, desde nuestra mirada ciudadana y de género, fuera de las decisiones de las oligarquías regionales o familiares que representan los partidos a nivel local, fuera de los discursos políticamente correctos o de los temas vedados, porque no suman votos, son un impulso para alentar a muchas más mujeres a incidir en la vida pública.
Este 16 y 17 de marzo, 40 mujeres michoacanas o residentes en la entidad, provenientes de 25 municipios, participaremos por primera vez de este ejercicio, Primer Parlamento de Mujeres Michoacán 2023, en el que presentaremos nuestras iniciativas o reformas de ley, así como proyectos sociales encaminados a mejorar las condiciones de hombres y mujeres en la entidad, en distintas temáticas.
En mi caso, presenté una propuesta de iniciativa de reforma en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos del crimen organizado; como un fenómeno que resultado de la violencia colectiva que vive el país y de la que no es ajena Michoacán, hoy pone en grave riesgo la integridad física de niñas, niños y adolescentes michoacanos, que son cooptados como base social de los grupos delincuenciales. Pero de este tema, hablaremos en una siguiente entrega.
Por lo pronto, celebremos y hagamos de este primer ejercicio de participación, uno que sume y haga cimbrar las anquilosadas estructuras patriarcales que aún impiden el ejercicio efectivo de derechos y libertades de las mujeres.
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