Por Héctor Tapia
Es muy importante sobre el papel que debe jugar el máximo ente fiscalizador en el estado en lo futuro, en lo que está por venir. Es cierto. Y tal pareciera que este es el foco de la discusión respecto al papel de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). No es menor, no tiene por qué disminuirse.
Sin embargo, por el momento me parece precipitado adentrarse en esta discusión si ni quiera aún se ha juzgado sobre el papel que ha jugado este actor en la revisión de las últimas cuentas del estado. En las que ya ha tenido intervención, y también sobre otra serie de elementos que han sido denunciados.
Ésta última discusión no se había tomado enserio hasta apenas el último año, pese a que había todos los elementos para poner en duda la postura del actual auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
Qué elementos han surgido y que están sirviendo para asentar los procedimientos de juicio político, que es el camino extenso, y el de la solicitud de destitución, que se define este jueves y sobre la cual hay expectación porque se requiere que dos terceras partes de los legisladores y legisladoras locales presentes en la sesión, que está convocada, voten a favor de quitarlo del cargo.
Los elementos son los múltiples contratos que se han ventilado se fueron otorgando a familiares y cercanos al ahora auditor desde el 2016, y que de acuerdo a lo que se ha ventilado los acumulados ascienden a más de 200 millones de pesos, hasta que concluyó el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Muchos de esos contratos, se entiende en función de la línea de tiempo, se otorgaron en el periodo en que Aguirre Abellaneda era Delegado Administrativo de la Secretaría de Finanzas (es decir, quien decide o incide en ver a quién se paga), y posteriormente, en el 2019, puesto en la ASM, en un proceso señalado por su desaseo a partir de su cercanía con el ahora ex gobernador, y que desde entonces supondría una posición para cuidarle las espaldas al ex mandatario.
Todo esto no había sido juzgado, cuando menos no de manera oficial; todo circuló desde el 2019 en puras acusaciones y señalamientos, incluso desde la tribuna legislativa.
Ahora los elementos que se tienen no sólo son estos contratos que salieron a la luz, sino también el actuar que asumió en fiscalización con los municipios, quienes denunciaron presiones del auditor, y decidieron interponer el correspondiente procedimiento para defenderse.
Con todo esto, resulta obvio que no se puede dar carpetazo al actuar sistemático que ha tenido el auditor actual; a las recurrentes omisiones respecto a las cuentas relativas al gobierno de Silvano Aureoles. Sería tanto como dar carpetazo a las denuncias de los presuntos actos de corrupción que se han presentado sin que se hubieran aportado los elementos de fiscalización necesarios para castigar los multimillonarios desfalcos.
Ante esto la pregunta adicional es ¿por qué la urgencia de destituir al fiscal?, aunque obvia parece que se olvida la respuesta, entre más tiempo pase se corre el riesgo de que los probables delitos de corrupción cometidos en el gobierno pasado prescriban, es decir que, como siempre, queden impunes. ¿Alguien recuerda acaso el caso del Teatro Matamoros?, donde pasaron los tiempos y el actuar del anterior auditor, por omisión, dejó que los probables delitos quedaran sin castigo.
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