Por Héctor Tapia
A seis meses de que asumió la actual administración del gobierno del estado ha quedado más que claro que una de las prioridades o ejes prioritarios es la atención a los pueblos originarios; sin embargo, deberían andar con pies de plomo con las determinaciones que están impulsando o tomando, porque lejos de aportar a un bien que dicen pretender, abonarán a la inestabilidad en una zona ya de por sí castigada.
En esta ruta han acelerado procesos, de forma desaseada, y sin calcular los alcances y consecuencias, que en lugar de generar gobernabilidad, terminarían por generar inestabilidad social e ingobernabilidad en estas zonas del estado.
Son, cuando menos, dos temas que están a la vista y que, si bien merecen análisis aparte y particularizado, en esta ocasión merece juntarlos para explicar por qué es que se asevera que en el afán de remarcar y dejar claro que las comunidades indígenas son prioritarias para este gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, hay aspectos que en apariencia no se están tomando en cuenta y podría salirles el tiro por la culata, como se refiere coloquialmente.
Uno de ellos es el de las Rondas Comunitarias, mecanismos de autoseguridad que han implementado las comunidades al margen de la misma ley, apostando incluso a mecanismos de usos y costumbres, portando armas incluso ilegales, de alto calibre, para realizar las labores encomendadas, presumiblemente por las comunidades a las que representan.
Este aspecto específico actualmente se discute en el Congreso del Estado, y que en primer momento ha pasado ya la barrera de las comisiones correspondientes, por mayoría que no por la totalidad, para hacer la modificación en lo local de la ley para reconocer dichas rondas.
La regulación de estos mecanismos pretende hacerse a través de una reforma adicionando dos párrafos a la ley. Sí, leyó bien: DOS PÁRRAFOS. Sin mayores detalles.
La reforma planteada expresa que “Las Kuarichas, rondas y rondines comunales, o sus equivalentes de acuerdo a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, serán consideradas como cuerpos de seguridad comunal de aquellas comunidades indígenas que, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normativa aplicable, hayan determinado su autogobierno, ejerzan presupuesto directo y hayan sido reconocidas con ese carácter por las autoridades competentes”.
Agrega que “para efectos de lo anterior y atendiendo al principio de interculturalidad, la relación y colaboración que se establezca entre los cuerpos de seguridad pública y los de seguridad comunal se regirán en el marco del respeto a los derechos de autonomía y autogobierno que tienen las comunidades indígenas”.
Son sólo estos dos aspectos los que establece la reforma planteada ante el Congreso del Estado, y que está por pasar al pleno, porque, como insisto, ya pasó por mayoría en comisiones. Si vemos a detalle y entre líneas, el texto planteado deja de lado la protección de otros derechos humanos, y tiene alcances peligrosos no sólo para las mismas comunidades indígenas, sino para la estabilidad misma de Michoacán.
El primer detalle que llama la atención es meter camisa de fuerza para que las comunidades indígenas, para poder ser reconocidas en estos rondines, tengan que haber entrado al esquema de presupuesto directo, un tema que abordaré más abajo, pero que de entrada es una condicionante que establece la iniciativa del ejecutivo del estado. Es decir, no es aplicable para las que decidan, bajo consulta, no entrar a ese mecanismo.
El segundo detalle es que se privilegian los usos y costumbres, aspecto que en primera instancia pareciera el reconocimiento histórico que tanto demandan, pero tiene sus asegunes y particularidades; es decir, si a esos cuerpos de seguridad, al reconocérseles, se manejan bajo su propia normativa, podrían violentar todo debido proceso y no podrían ser cuestionados por ello al haberse realizado “por usos y costumbres” y la normativa moral del momento de la comunidad, y no bajo un código universal establecido desde la misma ley general.
Este aspecto deja abierto a que si se detiene a un eventual criminal con responsabilidades mayores, podría ser incluso hasta linchado o juzgado en la plaza pública, violentando todo debido proceso, si así lo determinan los “usos y costumbres”. Lo cual es sumamente peligroso, no para quienes si pudieran ser delincuentes, sino para quienes son inocentes de algún señalamiento.
Adicional a esto, no hay inmediatamente una normativa que delinee el actuar de estos cuerpos de seguridad, para que entre en vigor una vez que se apruebe y se publique el decreto correspondiente; por tanto, quedarían al aire y a “libre disposición y antojo” una vez que se publique la misma.
Si a esto le agregamos que actualmente portan armas de grueso calibre, de uso exclusivo del Ejército, el vacío normativo en el que entrarán para actuar podría generar escenarios sumamente complejos para las mismas comunidades.
En suma, con esta circunstancia está en riesgo su seguridad, estabilidad y gobernabilidad. Por ello, dicha iniciativa debe ser revisada de nueva cuenta a fondo y a detalle, y prever todos los escenarios.
Otro de los renglones tiene que ver con el presupuesto directo a las comunidades, que si bien en el argumento están direccionados para que ellos atiendan sus necesidades históricas, lo cierto es que no hay claridad en la forma en que operarían o se aplicarían dichos recursos.
A mi parecer se debió apostar a otra figura que es mucho más loable, que es el presupuesto participativo, que no es lo mismo que el presupuesto directo; el presupuesto directo provocaría que el recurso llegara directamente a la comunidad, o sus caciques, si así lo determinaran en asamblea, bajo presiones o sin ellas, y esto terminaría empoderando a unos cuantos, esto fuera de la normativa.
Mientras que el Presupuesto Participativo, con reglas ya bien definidas de fiscalización, permitirían y obligarían a los ayuntamientos a consultar sobre las obras y acciones que deberían realizarse en dichas comunidades originarias, sin que estas tengan que confrontarse de forma interna, ni llevar a escenarios de violencia y eventual ingobernabilidad, en aras de controlar el dinero público que les llegue.
Por tanto, insisto, ante estos dos temas, el Gobierno del estado deberá o debería apostar a la mesura, a la cautela y a la información plena y abundante para con las mismas comunidades para que sepan lo que está sucediendo y los alcances que podrían generarse, porque, definitivamente, la estabilidad misma de las comunidades está en juego.
