David Alejandro Delgado Arroyo
Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa presidencial de reforma político-electoral que ha sido presentada a la Cámara de Diputados tiene que ver con una nueva integración de los Poderes Legislativos, tanto federales como estatales, que podemos sintetizar en una sola expresión: los pluriestatales.
En la comunicación política sobre la iniciativa referida hay una expresión que tiene que ver con la disminución de integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 500 a 300, por lo que de inmediato se relaciona con propuesta de eliminación de los 200 plurinominales; sin embargo, de aprobarse, dejarían de existir los 300 de mayoría relativa; convirtiéndose cada entidad federativa en una circunscripción electoral en donde se presenten listas por cada uno de los partidos políticos.
De manera que hay que comprender que cuando hablamos de sistemas de mayoría, la alternativa que se ha utilizado en México en más de 200 años ha sido la de distritos uninominales, porque en cada distrito se elige a una persona candidata por el principio de mayoría relativa, es decir, quien gana más votos es quien gana, aunque puede haber otras alternativas, de las cuales no profundizaremos.
Por otro lado, cuando hablamos de sistemas de representación proporcional, por lo regular hablamos de circunscripciones plurinominales porque se elige a más de uno por cada una de ellas, por lo que la alternativa que presenta la iniciativa presidencial es precisamente la de listas de candidaturas por cada circunscripción.
Ahora bien, es importante referir que los sistemas de proporcionalidad tienen la ventaja de hacer lo más equivalentes los votos a las curules, es decir, se tiende a que, si un partido tuvo el 40% de la votación, tendría el 40% de las curules; sin embargo, este ideal está condicionado a la magnitud de la Circunscripción, de manera que en el caso de la iniciativa presidencial, convierte a cada entidad federativa en una Circunscripción, por ello tendríamos, legisladores pluriestatales, es decir, todas y todos serían pluris por entidad federativa.
Las personas especialistas en el diseño de sistemas electorales sostienen que el problema de los sistemas de proporcionalidad tiene que ver con la magnitud de la circunscripción, y este es el principal problema de la iniciativa presidencial, porque al convertir cada entidad federativa en una circunscripción, la eficacia de la proporcionalidad tiene que ver con la magnitud poblacional de cada una de ellas, es decir, entidades como el Estado de México, que tienen una magnitud poblacional importante, tendrían una mejor proporcionalidad, pero las que tienen menos población tenderían a desaparecer las minorías.
En sus efectos, la iniciativa presidencial tiende a reducir la desproporcionalidad de la Cámara de Diputados que, según un muy interesante estudio de Ricardo de la Peña en Nexos, pasaría de 15.1% a 7.1% con los resultados de 2021; sin embargo, prácticamente todos los partidos minoritarios pierden, con excepción de los tres principales.
Pero el problema mayor tiene que ver con que el sistema pulverizaría avances de acciones afirmativas de diversos grupos sociales, incluso el Congreso de la Unión desacataría la orden judicial de la sentencia SUP/RAP/121/2020 de llevar a cabo las modificaciones legales conducentes, a fin de incorporar en las leyes generales de la materia, el mandato de inclusión de acciones afirmativas que incluyan o incorporen a esos grupos sociales en los órganos de representación política, como los indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas con diversidad de género, edad, de condición social y en general, aquellos grupos que han sido colocados en situación de vulnerabilidad.
De manera que aún y cuando podrían agregarse estas acciones afirmativas en el sistema, sería mucho más complicado generar una representatividad regional, debido a las diferencias de magnitud de las 32 circunscripciones por entidad.
Inclusive, la falta de estas consideraciones iría contra el principio de progresividad de derechos establecido en la propia Constitución.
Además, el sistema genera también un problema con las candidaturas independientes, ya que las obligaría a presentarse en listas, cuyo orden sólo podría ser viable en el orden del número de apoyos ciudadanos.
Por si fuera poco, un sistema de proporcionalidad tiene también la desventaja de la excesiva concentración del poder en manos de las dirigencias nacionales de los partidos políticos, además de una débil vinculación entre los legisladores elegidos y su base electoral.
En suma, nuestro actual sistema de representación que combina las ventajas y desventajas de los sistemas de mayoría relativa y de representación proporcional, es decir, un sistema mixto, genera mucho mejores condiciones que inclinar la balanza a un solo sistema, inclusive, en términos del maestro Woldenberg, podría explorarse eliminar la posibilidad de la sobrerrepresentación del 8%, y que la representación proporcional corrija al máximo cualquier tipo de sobre o subrepresentación que genera la mayoría relativa.
Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.
