En la ruta de confrontación con Loret de Mola, el presidente no sólo violentó el derecho a la protección de los datos personales, sino que amenazó el derecho a la información y a la libertad de expresión; es decir, violentó de tajo, de un solo golpe, varios derechos.
Esta es la línea que ha estado rondando los pasillos del Congreso local y que ha venido sumando el respaldo de varias fracciones parlamentarias. Para hacer un cambio de este tipo se requiere el respaldo de la mitad más uno de los integrantes del Legislativo, algo que ha acumulado respaldo y superado el mínimo legal requerido.
Actualmente, el Congreso de Michoacán tiene un aproximado de mil trabajadores en la plantilla laboral; de los cuales se estima que alrededor de 480 son sindicalizados. Hace 10 años, la plantilla era de 850 empleados, es decir, en tres legislaturas aumentaron alrededor 150 plazas. Es preciso que el Congreso tenga claridad sobre la plantilla laboral que depende de este poder, pero también que se transparente.
La autonomía de una comunidad sólo es posible para que sus integrantes definan a sus autoridades, y cómo y en qué gastan los recursos que les corresponden. Por ello, es necesaria la diferenciación de cada uno de los componentes, porque en esta línea, la autonomía tiende a interpretarse como un “hacer lo que da la gana” sin rendir cuentas. Y no es así.
La decisión de poner millonarias e inalcanzables fianzas, utilizando los resquicios legales para que puedan ocupar un cargo los integrantes del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, no puede entenderse de otra forma más que una reacción “colérica” ante el velado interés de Morena, desde el Congreso del Estado, de buscar removerlo del importante espacio que ocupa.
Cuando las rutas políticas son tan claras, tanto de los partidos políticos como de los mismos actores interesados en participar en los procesos, se comienza a ajustar la estrategia una vez definidas las candidaturas que competirán, es decir, una visión meta electoral que va más allá de la jornada electiva, dado que muchos no compiten en las candidaturas que realmente querían ni tampoco en las condiciones aliancistas que hubieran deseado, pero se ajustan a las realidades político-electorales del momento para trabajar su ruta con una visión superior y que va más allá de una elección.
La actual administración estatal comenzó con señalamientos de escandalosos presuntos actos de corrupción que se dieron durante el periodo de gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Los elementos para inferir que hubo desvíos, malos manejos, contratos amañados, y que sí hubo presumiblemente actos de corrupción, han sido suficientes desde el principio.
Si antes no se tuvo el valor de tomar medidas contra el senador García Conejo, por su familiaridad y cercanía también con el exgobernador Silvano Aureoles, ahora se empuja una reconfiguración interna que podría ir limitando poco a poco la operatividad del medio hermano.
El gobernador tiene que acelerar el paso para sacar el mayor provecho posible de la relación que presume con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el terreno de los hechos sólo le quedan dos años de gobierno efectivo, ya que la parte final, en el 2024, la expectación está ya puesta en el relevo presidencial.
Hay elementos suficientes para dudar sobre la institucionalidad de las decisiones que tomaría el actual auditor frente a quien en su momento fue su jefe administrativo, tanto en Zitácuaro como en el mismo gobierno del estado, del cual fue delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas, donde, por si fuera poco, se investigan contratos que cuestionan la honorabilidad del máximo fiscalizador del estado.
