Julio César Santamaría Suárez era facilitador de equipo de espionaje para políticos y ciudadanos en México y Estados Unidos. Se le acusa de conspirar con la empresa Elite by Cargo, del empresario Carlos Guerrero. Salió en libertad condicional debido al acuerdo de culpabilidad que firmó y el pago de una fianza.
El presidente dijo que hay medios de comunicación “pagados” que rechazan a su gobierno y que por eso actúan mediante información que, para perjudicarlo, “quieren que se convierta en un escándalo”. Es un “asunto que no tiene relevancia porque es mentira, así de sencillo”, dijo tajantemente.
José Roberto Uribe, quien se desempeñó como jefe de la Policía Cibernética, utilizó una camioneta de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para captar llamadas telefónicas y mensajes de texto de políticos de Morena. En julio de 2018, el centro de operaciones fue desmantelado.
La comisionada presidenta del IMAIP, Areli Navarrete Naranjo, dijo que no se ha recibido una queja o denuncia sobre el caso, pero dijo que de haberla, podría investigar y analizar, siempre que esté en su competencia.
De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, esta propuesta habría emanado del presidente de la Jucopo, Fidel Calderón Torreblanca, derivado de la detección de una posible red de espionaje montada por la administración de Silvano Aureoles Conejo, bajo una inversión de 19 millones 500 mil dólares.
“Esta investigación debería incluir la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello”, expusieron en conjunto la CIDH, RELE y la ONU-DH.
La FGR, comandada por Alejandro Gertz Manero, fue duramente criticada cuando aceptó que no tiene certeza de que las prácticas de espionaje telefónico cesaran durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Autoridades alemanas admitieron que los ataques realizados con el programa Pegasus se dirigen “a objetivos individuales y no (son) una campaña dirigida a la distribución masiva”.
El programa sólo lo usaría la FGR y sería para investigar a grupos o personas implicados en delitos. El problema es que la información obtenida de grupos delictivos de interés bilateral tendrá que ser compartida, siendo ese el motivo por el cual no se ha autorizado.
