“La #UIF participa en la audiencia del caso Odebrecht. Hemos argumentado a favor de la postura de la @FGRMexico de revocar la medida cautelar a Emilio L y sustituirla por prisión preventiva”, tuiteó la dependencia encabezada por Santiago Nieto.
La audiencia fue solicitada por un juez y se realizará con el objetivo de determinar si se termina con el plazo para la investigación complementaria o se otorga una sexta prórroga –esto último fue solicitado por la defensa de Lozoya–.
En un comunicado, la CNDH dio a conocer que se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto fueron realizados por elementos de la extinta Procuraduría General de la República, del Ministerio Público y custodios, esto desde el momento de su detención, en marzo de 1994, hasta las primeras diligencias y posterior traslado al CEFERESO número 1.
La Organización Internacional de Policía Criminal emitió la ficha roja para su búsqueda y localización a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), después de librar órdenes de aprehensión contra 10 implicados en el desvío de recursos públicos y lavado de dinero de 30 millones de pesos.
Las declaraciones de Lozoya brindadas hasta ahora, abundó la institución, han permitido judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de Odebrecht.
“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, dijo la FGR un comunicado.
En agosto de 2020, el titular de la FRG dijo que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibía un trato distinto del que recibe Rosario Robles, debido a que este aceptaba los cargos imputados, cooperaba y ofrecía pruebas; en cambio, la exfuncionaria no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.
Al poco tiempo de comenzar, la defensa del panista pidió un receso argumentando que fue apenas el 1 de octubre cuando la FGR le entregó copia de más de mil fojas adicionales a la carpeta de investigación, de las cuales no conoce su contenido.
Mediante un comunicado, la SCJN informó que Arturo Saldívar atendió la solicitud de reunión de los académicos y científicos, a quienes se les acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público.
En un videomensaje, el panista dijo que no hay motivo para dar un soborno a alguien que ya no era diputado y siete meses después de que votó por la reforma energética, la cual fue aprobada en diciembre de 2013, por lo que insistió en que la acusación de la FGR es absurda.
