Además del estigma de abortar, enfrentar una sanción penal es mucho para una mujer, dijo la ministra Ana Margarita Ríos. Lo anterior, sienta una jurisprudencia y obliga a los jueces de todos los estados país a fallar de la misma manera.
Son ocho los ministros que se pronunciaron por declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, con el cual, sin importar el motivo, se penaliza el aborto en la etapa inicial con uno a tres años de prisión. Esta acción repercutiría en todo el país.
El caso en su momento fue conocido como “Operación Zafiro” y presuntamente participaron de manera concertada funcionarios del gobierno de César Duarte y de la Secretaría de Hacienda federal.
“A mí me decepcionaron y tengo pruebas. Cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y Guerrero, actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces”, dijo el presidente.
El ministro presidente rechazó la ampliación de su mandato, el cual terminará el 31 de diciembre de 2022, y aconsejó a José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dar un paso a un lado y que “los ministros decidan quién será el presidente”.
“Es que hicieron un ‘frankestein’ (con el TEPJF), es poder judicial, pero no puede la Corte intervenir. Lo hicieron ex profeso para que este tribunal dependiera de los partidos, esa es la partidocracia, que es de las cosas que hay que corregir, pero vamos a ver qué sucede”, señaló.
“El diálogo será la vía para la construcción de acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad”, dijo el presidente de la SCJN. Los magistrados, en conjunto, dijeron que su “intención es poder sostener un diálogo que permita estabilizar el funcionamiento” del TEPJF.
Ante la falta de difusión de la jornada electoral de hoy hay más preguntas que respuestas. Metapolítica recabó algunas de las preguntas más recurrentes y las responde aquí.
Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros revocaron el acuerdo del 14 de mayo, con el que el ministro Juan Luis González había desechado la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas en contra el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados.
"La pregunta propuesta por el Presidente de la República era inquisitoria al incluir personas en concreto, no estaba formulada en lenguaje neutro, contenía un juicio de valor y no producía una respuesta categórica en sentido positivo o negativo".
