Por: Jorge Luis Hernández Altamirano[1]
Para nadie es un secreto la frágil situación de las finanzas estatales. Y es que, pese a múltiples planes de austeridad, refinanciamientos de deuda y elevados cobros de derechos a los ciudadanos por servicios la crisis no parece tener fin.
Por eso, no sorprendió la decisión de Silvano Aureoles, comunicada a través de sus redes sociales, de vender algunos activos del estado para solventar compromisos no saldados, específicamente con el magisterio estatal. El lote ofertado, que puede revisarse aquí (http://michoacan.gob.mx/docs/puesta-en-venta-bienes-gem.pdf), incluía seis aeronaves, siete silos, doce bienes inmuebles y seis grandes extensiones.
Ha pasado prácticamente medio año desde el anuncio y el problema de la nómina magisterial parece estar a punto de resolverse con un convenio de federalización de ésta; pero, la falta de recursos persiste y, además de los maestros, otros acreedores del gobierno estatal esperan cobrar largas deudas.
Ahora, conforme a lo previsto por la Ley de Patrimonio Estatal, el Congreso del Estado se dispone a decidir si diez de los inmuebles listados en el sitio de la administración de Aureoles pueden ser enajenados; es decir, comercializados a agentes privados. Las Comisiones de Hacienda y Desarrollo Urbano ya han dado el visto bueno y sólo exigen que se les informe el monto final de lo obtenido treinta días después de efectuada la subasta contemplada en el mismo cuerpo normativo.
El tema parece de trámite al interior del Congreso, máxime cuando el foco de atención y los esfuerzos de las bancadas se concentran en el paquete fiscal y, específicamente, en la creación, o no, de nuevos impuestos y la aprobación o rechazo de una nueva deuda a nivel estatal.
Sin embargo, el asunto no es menor, principalmente por dos de los bienes incluidos en la lista: 1) el viejo CERESO de Morelia “Francisco J. Múgica”; 2) el terreno contiguo a la Casa de Gobierno ubicado en el Libramiento Sur. Por estos dos predios, el avalúo del Congreso contempla obtener 579 millones de pesos, es decir el 91% de lo que pretende obtener en total de los terrenos desincorporados.
Estos dos grandes peces gordos en la subasta son áreas que, por su extensión y ubicación, son claves para la ciudad porque, en tanto patrimonio estatal, podrían ser espacios muy adecuados para la construcción de espacios de uso común o inmuebles destinados al servicio público. Pero, esas mismas virtudes les hacen atractivas para desarrolladores inmobiliarios que no dudarán implantar allí nuevos polos comerciales/habitacionales.
En NosUne, un colectivo en favor de la participación ciudadana, encontramos esta decisión pública como problemática y desafortunada por, al menos, tres elementos:
- Porque una decisión pública que impacta a una comunidad no puede ser tomada exclusivamente por los actores gubernamentales, sino que requiere de un profundo e intenso diálogo entre sus integrantes.
Para nosotros, el debate debe culminar en un ejercicio de participación ciudadana vinculante como una consulta popular o un plebiscito.
- Porque no queda claro de qué manera los casi 700 millones será utilizados para “ayudar al equilibrio financiero”. Es decir, si en un inicio se comentó que este dinero sería destinado a pagar a los docentes y, a la fecha, estos han regularizado su situación, ¿a dónde irá el dinero ahora?
Aún más importante, no queda certeza tampoco de que el proceso de subasta garantice imparcialidad y transparencia, cuente con auditorías externas y ciudadanas.
- Porque el debate sobre los espacios públicos queda, una vez más, relegado. Es decir, queda claro que la construcción de nuevos espacios inmobiliarios afecta el desarrollo urbano de una ciudad de más de 700 mil habitantes, lo que podría incrementar las presiones sobre la calidad de vida de los habitantes de la ciudad al impactar el tránsito y la disponibilidad de servicios.
Es paradójico, por decir lo
menos, que mientras las mejores ciudades para vivir discuten incrementar los
espacios públicos y generar mejores mecanismos para la convivencia de sus
habitantes, Morelia avance hacia la construcción de más y más casas en un
municipio en el que no hay una demanda insatisfecha en el orden habitacional.
[1] Politólogo y constitucionalista. Colaborador de @NosUne_MX. Contacto: @HernandezJorge.
