Por Héctor Tapia
Es necesaria una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, sí, indudablemente. Es momento de realizarla, no, no es el momento particular para llevarla a cabo. Por tanto una discusión en este sentido en este momento particular, donde la pandemia muestra sus mayores efectos, tanto en la salud, en la economía, y en las mismas instituciones públicas, adquiere más características políticas y electorales que de un debate pertinente.
¿Por qué la aseveración?; simple, ya se había adelantado esta intención de reformar este renglón para permitir más recursos a estados y municipios, que son los más castigados, por decirlo de alguna manera, en la distribución fiscal; esto los deja con una dependencia de hasta casi el 90 por ciento de los ingresos que tienen las entidades federativas, exhibiendo a su vez que los estados no tienen suficientes ingresos propios.
Pero, vamos pues poniendo los puntos sobre las íes.
El actual Pacto Fiscal Federal, por medio del cual se establecen fórmulas de distribución de los recursos públicos de los que se allega la federación vía impuestos, tiene ya varias décadas operando. El mismo gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, ha reconocido que este Pacto Fiscal, un acuerdo de voluntades, viene desde hace sexenios.
Los mismos legisladores federales, incluidos los de la llamada Cuarta Transformación, reconocen estas condiciones desventajosas para los estados generadas por el actual Pacto Fiscal; ante ello, con el respaldo del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, se había planteado en la ruta llevar esta reforma a la Ley de Coordinación Fiscal hasta llegada la primera mitad del sexenio, como una muestra de voluntad con las entidades federativas, para que puedan tener margen para cumplir las exigencias y demandas de sus respectivas responsabilidades.
Es decir, insisto, ya se tenía contemplada esta reforma, cierto, no en lo inmediato, pero sí en lo breve; aspecto que no se dio por décadas, y que profundizó las condiciones de desigualdad en las entidades federativas, que no han podido, quizá por sacar a los costos políticos que generan, incrementar las fuentes de ingresos propios.
Ahora, es evidente que una situación extraordinaria como la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus, ha evidenciado las debilidades institucionales, los excesos acuñados por décadas, la injusta distribución de los recursos que sirvió por años; esto sin duda deja ver que es más profundo el problema que se heredó sexenio tras sexenio, que lo que se pensaba.
Aún con ello, ya se había anunciado dicha reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, justo lo que en este momento, en esta coyuntura de la pandemia, reclaman varios gobernadores. Una reforma de este tipo, de la cual en apariencia hay voluntad de avanzar, no se da de la noche a la mañana, no es en un día. Requiere una discusión en el marco de una Convención Nacional Hacendaria, que también ya había sido contemplada, según varios legisladores federales, que fueron consultados desde el año pasado, convención que exigen en esta coyuntura los gobernadores.
Es decir, y aquí es donde la lectura se torna política, y evidentemente electoral, si ya se tenía en el horizonte esta reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, ¿por qué hacer la exigencia en este momento en que hay una contingencia, que tendrá consecuencias mayúsculas en la vida pública, social, económica y política del país?. La interpretación lleva a pensar que es para minar desde otro lado al gobierno de la república, quien se ha negado a destinar recursos extraordinarios a los estados de la república, a pesar de las airadas exigencias de que así suceda.
Insisto, ¿es factible una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal?; sí, lo es. Incluso se podría decir y adelantar que hasta hay un consenso entre quienes tienen la responsabilidad de hacerlo: los legisladores federales. Por ello la pregunta se vuelve pertinente, ¿es necesario llevar a un debate al respecto en este preciso momento?.
Para efectos de la referida reforma, es un debate estéril; no así para el terreno político, donde se abre una batalla por la percepción, una batalla por quedar como víctimas o victimarios, sin tomar en cuenta un panorama tan complicado como el que está generando la pandemia del COVID 19. ¿dónde están los cálculos políticos?
