Héctor Tapia-Oscar Guerrero / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Es evidente y obvio que hubo abusos y excesos por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Silvano Aureoles Conejo en el caso Arantepacua, aseguró el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
Lo anterior, en referencia al enfrentamiento que dejó cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, las cuales fueron consideradas como ejecuciones extrajudiciales y que derivó en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación a la administración pasada.
En este sentido, Ramírez Bedolla dijo que si bien esta recomendación se hizo al gobierno pasado, “nosotros vamos a acatar la recomendación, estamos trabajando con la comunidad”, con quienes hay diálogo con el mismo secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, para atender la misma.
“Lo que se está platicando, acordando con la comunidad, y la Segob, son los términos del acatamiento para que las partes queden satisfechas”, explicó el mandatario michoacano.
Sobre este caso, hay que recordar que la misma Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso Arantepacua.
Esto se hizo con la finalidad de hacer justicia por las cuatro ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y allanamientos ilegales registrados a manos de la Policía Michoacán en la comunidad indígena, en abril de 2017.
En un estudio sobre el caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó las agresiones cometidas en contra de la comunidad de Arantepacua en 2017, y llegó a la conclusión de que se requiere la intervención de la FGR para garantizar “imparcialidad” en la resolución del mismo.
“Una solución sostenible a los conflictos en la Meseta Purépecha debiera partir del reconocimiento de la legitimidad en los llamados a la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, así como de la exigencia de verdad, justicia y reparación de las personas cuyos derechos humanos han sido violentados”, afirmó en su momento Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
