“Los procesos de justicia transicional son clave para avanzar hacia nuevos órdenes políticos y jurídicos que limiten y frenen el ejercicio arbitrario del poder y la impunidad. Por un lado, implican el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos para la reivindicación de las víctimas y, por otro, son la base para la construcción de una reconciliación nacional”.
Sarahí Salvatierra, Andrés Díaz y José Knippen, “Las deudas de la verdad en México ante el discurso de justicia transicional”, 2018, p. 118.
Por Jacques Coste
En 2002, por primera vez en México, se intentó poner en marcha un mecanismo de justicia transicional: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), encabezada por Ignacio Carrillo Prieto e instalada durante el gobierno de Vicente Fox, con el objetivo de esclarecer los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. En aquel entonces, la Femospp produjo enormes expectativas y entregó resultados decepcionantes: 19 averiguaciones previas, 20 órdenes de aprehensión, ocho autos de formal prisión, ni una sola sentencia condenatoria y ningún tipo de reparación integral a las víctimas.
¿Por qué no funcionó la Femospp? Uno de los problemas principales de la Fiscalía fue la ambigüedad y los vacíos de su mandato. Por ejemplo, uno de sus objetivos era investigar los “delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos”, lo cual excluía a las autoridades locales que realizaron actos violatorios de derechos humanos. Además, las víctimas tenían que haber estado ligadas a “movimientos sociales o políticos”, pero no se definía claramente cuáles movimientos se considerarían como tales ni quiénes se considerarían vinculados a ellos.
Otro factor que contribuyó al fracaso de la Femospp fue la ausencia de cooperación por parte de los militares, los cuales se negaron a brindar la información requerida y evitaron que sus miembros fueran juzgados en tribunales civiles. En el mismo sentido, la Femospp formalmente formaba parte de la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Rafael Macedo de la Concha, un militar en activo. Dicho de otro modo: un miembro del Ejército, que era una de las instituciones que la Femospp debía investigar, era el jefe del fiscal especial, lo cual generaba un flagrante conflicto de interés.
Adicionalmente, algunos problemas estructurales del sistema jurídico mexicano dificultaron la labor de la Femospp, principalmente la imposibilidad de juzgar delitos que se consideraban prescritos y la ausencia de figuras jurídicas adecuadas para perseguir las violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada.
Finalmente, el fiscal Carrillo Prieto cometió varios errores, entre los que destaca la utilización de la figura de genocidio para acusar a los responsables de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y del “halconazo” del 10 de junio de 1971.
Este último punto es muy grave, pues según el Estatuto de Roma (la convención internacional en la que está tipificado el delito de genocidio), este crimen sólo se comete cuando se ejecuta con “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Es evidente que los estudiantes no constituían un grupo de esta naturaleza. Por más terribles que fueran, estas masacres no podrían juzgarse como un genocidio. En ese sentido, está en duda si el error de Carrillo Prieto se debió a su desconocimiento de las leyes, lo cual sería gravísimo de por sí, o a un intento deliberado para que su argumentación jurídica fuera pobre y, así, se imposibilitara la persecución de estos delitos, lo cual sería aún más grave.
Sea como fuere, la Femospp no sólo cosechó fracasos, ya que también consiguió algunos éxitos dignos de tomarse en consideración. Uno de sus logros principales fue que, gracias a sus investigaciones, varias dependencias de gobierno —incluidas las secretarías de Estado— se vieron obligadas a transferir al Archivo General de la Nación (AGN) documentos útiles para saber más sobre la Guerra Sucia.
Es verdad que muchos archivos permanecen clasificados y que, de los que sí se transfirieron al AGN, buena parte está desordenada o incompleta. Pero también es cierto que estas acciones proporcionaron una amplia base para indagar sobre la violencia política del pasado reciente.
Otro éxito parcial de la Fiscalía fue la publicación de un informe final de sus actividades. A pesar de que la divulgación de ese reporte resultó accidentada, ya que éste se filtró a la prensa días antes de su presentación oficial en 2006, y dejando a un lado que su publicación no tuvo gran éxito mediático debido a la coyuntura electoral, el documento tiene un valor importante, pues confirma que la represión no se daba en casos aislados, sino que era una práctica sistematizada del régimen priista.
¿Por qué recapitulo estos hechos del gobierno de Fox? Porque se trata de un antecedente de la reciente conformación de otra institución de justicia transicional: la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990.
La semana pasada se celebró un evento para inaugurar los trabajos de esta Comisión, en el Campo Militar 1, en la Ciudad de México. Luego de ver el evento, escuchar los discursos ahí pronunciados y leer las declaraciones y los posicionamientos de varios miembros de la Comisión, mucho me temo que esta institución sufrirá exactamente el mismo destino que la Femospp —grandes promesas; pequeños resultados— por exactamente los mismos motivos: el obstruccionismo militar y de algunos actores políticos que participaron en las atrocidades del pasado, la falta de presupuesto y capacidades institucionales, la ausencia de voluntad política, un mandato demasiado amplio con objetivos excesivamente ambiciosos, la falta de acompañamiento mediático y, por supuesto, la impunidad estructural de México.
Tristemente, no habrá justicia transicional.
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