“La corrupción vulnera los derechos humanos e inhibe las condiciones para el desarrollo nacional. De ahí, la relevancia y peso que tiene el andamiaje jurídico que la combate”, coincidieron los magistrados especializados en materia anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.
El titular de la Sectur, Roberto Monroy, dijo que Michoacán asistirá con el objetivo “de competir, destacar y aprovechar al máximo la oportunidad para captar la atención de los 17 países invitados”. El evento se realizará del 22 al 24 de abril.
En cada encuentro con integrantes de cámaras y organismos empresariales, Alfredo Anaya los ha exhortado a ser “embajadores comerciales del estado y a hablar bien de Michoacán”, como método de atracción de inversiones.
El vocal ejecutivo Jesús Mora González aseveró que contrario a lo que se venía registrando en el gobierno anterior, los recursos que corresponden a los municipios serán entregados en su totalidad, e incluso se han creado nuevos fondos y programas para que les lleguen más recursos para la mejora de servicios que tienen que cumplir con los ciudadanos.
El alcalde de Sahuayo detalló que la mayor parte de los recursos que maneja de diversos ramos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, están enfocados a atender la crisis de agua, lo cual, dijo, es una prioridad para su gobierno.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que el viernes de la semana pasada llegaron al estado 17 millones de pesos desde la federación para este proyecto, que podría quedar culminado a inicios de 2023.
El comité organizador invitó al público interesado a sumarse al recorrido, el cual tendrá como ruta Morelia, Charo, Ciudad Hidalgo, Tuxpan y Jungapeo. La Sectur prevé una derrama de un millón de pesos.
Ante Ken Salazar, la congresista local consideró que el puerto de Lázaro Cárdenas es el principal polo de atracción económica debido a su geolocalización estratégica, por eso, dijo, “es necesario aprovechar de mejor manera el puerto y asegurar más y mejores fuentes de empleo”.
Con la formalización de este documento, los funcionarios y servidores públicos tendrán una guía de los procedimientos que establece la Ley Orgánica Municipal para acompañar, institucionalmente, a los pueblos originarios que decidan transitar a la autodeterminación de recursos propios.
