Luego que iniciaran los rumores y las manifestaciones sobre presuntos despidos injustificados en el Congreso de Michoacán, pocos legisladores se han atrevido a confirmar las irregularidades.
En entrevista, la diputada explicó que es mediante su compañera Fanny Arreola como se entera de los acuerdos de la Jucopo, y descartó que se esté pensando en renovar la coordinación del GPPT de cara al segundo año legislativo.
“Exigimos que no se violenten los derechos laborales de ningún trabajador, ni de reciente ingreso, mucho menos de quienes tienen años de antigüedad prestando un servicio al Congreso local”, dijo el petista.
A través de un documento oficial, el Comité de Administración y Control, del Congreso de Michoacán, se negó a participar en la repartición de las prerrogativas de gestión entre las y los 40 diputados.
Adriana Hernández hizo un llamado a las y los 112 presidentes municipales de la entidad, para que hagan de la rendición de cuentas una práctica constante.
El legislador federal del PRI les pidió pensar en lo que sucederá en los estados de Nuevo León y Jalisco, “porque yo no veo que en un futuro ellos vayan a lograr repetir” si no es mediante una alianza.
La exsecretaria de Gobernación dijo que su deseo es que el Senado fortalezca “ese sistema de pesos y contrapesos”, para que tenga atribuciones “para llamar a cualquier funcionario, gobernador o empresarios a que rindan cuentas”.
Indicaron que observarán particularmente las iniciativas de reproducción asistida y los programas sociales para mujeres embarazadas, dado que ambos reconocen a los embriones como personas; también prestarán atención a la reforma al artículo 142° del Código Penal del Estado, ya que señalan impediría la despenalización del aborto.
