Activistas denunciaron que “en un país donde se cometen diariamente 11 feminicidios, que se envíe este tipo de mensajes por parte de la iglesia católica es gravísimo e inaceptable”.
“Esto es una decisión del Poder Judicial, de la Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas", dijo el mandatario.
Para las integrantes del colectivo ILEMich, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se traduce en un parteaguas para que los Congresos locales consideren la despenalización del aborto en su agenda legislativa.
Diferentes colectivos han exigido que la legalización del aborto se someta a votación ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, a consecuencia de la polémica que gira en torno al tema, la iniciativa no ha podido prosperar.
Además del estigma de abortar, enfrentar una sanción penal es mucho para una mujer, dijo la ministra Ana Margarita Ríos. Lo anterior, sienta una jurisprudencia y obliga a los jueces de todos los estados país a fallar de la misma manera.
Son ocho los ministros que se pronunciaron por declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, con el cual, sin importar el motivo, se penaliza el aborto en la etapa inicial con uno a tres años de prisión. Esta acción repercutiría en todo el país.
Los legisladores aprobaron la iniciativa presentada por la diputada morenista Mónica Robles Barajas. El dictamen establece que cualquier veracruzana puede interrumpir el embarazo hasta el tercer mes de gestación.
La asociación emplazó a las autoridades estatales a reconsiderar la legalización del aborto, en respuesta a los múltiples casos de violación que se reportan en el estado.
El dictamen indica que los médicos tienen el derecho a argumentar una objeción de conciencia, aunque con la obligación de derivar a la mujer a otro especialista.
La actualización al “Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México” pone en regulación “la objeción de conciencia” del personal de salud, es decir, aunque personalmente estén en contra de la práctica, no podrán negarse porque es parte de un servicio de salud.
