El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la sentencia de un juez de primera instancia que consideró improcedente la querella y ordenó a la Fiscalía General de la República indagar el desempeño del funcionario federal en la crisis sanitaria.
El mandatario dijo que colaborará con las instancias federales para aportar los elementos que sean necesarios, en la ruta de las investigaciones que realizan, ya que, remarcó, “es claro que existen evidencias y una sospecha grande de que hubo grandes irregularidades en el manejo de recursos públicos” durante el gobierno de Silvano Aureoles.
“Es importante que no se actúe por consigna política como ha sucedido en otras ocasiones”, subrayó el dirigente panista Javier Estrada; el del PRI, Eligio Cuitláhuac, pidió a la FGR no enrarecer el escenario político local.
La dirigente estatal de Morena subrayó que a la par de las investigaciones iniciadas por la FGR, en el Gobierno de Michoacán se están realizando las investigaciones correspondientes para que pronto se presenten denuncias penales en contra de la administración del exgobernador.
La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el exgobernador de Michoacán por posibles actos de corrupción cometidos durante el periodo de su gobierno.
La divulgación de las mencionadas versiones públicas, cuyas páginas aparecen testadas en buena parte para no dar a conocer nombres, cargos ni otros datos, fue ordenada en noviembre pasado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Con el respaldo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Armada de México y peritos oficiales, los fiscales realizarán una serie de cateos con órdenes otorgadas por jueces federales en inmuebles de Jalisco y Michoacán.
La indagatoria del fiscal Uriel Carmona fue iniciada por petición de 11 diputados locales, quienes acudieron ante la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia.
El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que la Fiscalía General de la República “sigue haciendo indagatorias frente a denuncias que son absolutamente ridículas, que han recibido la descalificación pública de la sociedad e incluso por parte del Presidente de la República y hasta la retractación de quien paradójicamente las presentó”.
El Ministerio Público Federal presentó como argumento que esa propiedad fue adquirida por los presuntos sobornos recibidos por Lozoya Austin durante el proceso de compra-venta de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados.
