México reclama 634 millones de dólares en el juicio del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, por contratar al “brazo derecho” del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que presentará una demanda en contra del abogado de Genaro García Luna, César de Castro, por intentar involucrarlo en el caso.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucia Piña Hernández, contrató este año a Sonia Vargas Terrero, exfuncionaria de la Policía Federal Preventiva en el período de Genaro García Luna.
El dirigente morenista Juan Pablo Celis dijo que debe analizarse cómo se conformó Democracia en Libertad Michoacán, partido de Luisa María “Cocoa” Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos por narcotráfico.
“Yo di aquí una instrucción desde el principio de que cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros (…) sigue vigente la instrucción para que quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, previa investigación, les demos las gracias”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
El juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, aprobó la solicitud de la defensa para aplazar la sentencia del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, hasta septiembre de este año.
Si García Luna declara, dijo el presidente, “sería muy bueno porque tendría que decir qué vínculos estableció con autoridades de más alto nivel y también qué relación [estableció] con agencias y con funcionarios de gobierno de Estados Unidos”.
El mandatario dijo que el caso no fue abordado en México, de parte de los medios de comunicación, con la importancia que debió tener: “Una vez creo, por encima, hasta defendiendo a García Luna, pero ya no se habla del tema”.
Si coopera, abriría la puerta para dos escenarios: reducir la condena en su contra e informar sobre las actividades de funcionarios o exfuncionarios mexicanos de mayor rango que él.
