Esta medida es necesaria para “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado” al prevenir “hostigamiento, intimidación u otra interferencia” contra los integrantes del jurado, como también “mitigar cualquier temor en la mente” de estos, señalaron.
La defensa del mexicano asegura que al ser una persona muy importante en México que se reunía con altos funcionarios estadounidenses a menudo, incluidos de la CIA y el FBI, solicitó acceso a tales reportes e informes con el fin de “que serán material central para nuestra defensa”.
“Ella puede dar mucha información sobre oficiales a los que el Cártel de Sinaloa les estaba pagando sobornos, información de otros miembros presos del cártel, posiblemente va a declarar en contra de García Luna”, dijo el exagente de la DEA, Mike Vigil.
En el mensaje se detalla: que “hayan participado de forma directa en el círculo cercano, o que estén vinculados con exservidores públicos de alto nivel que hoy son juzgados en nuestro país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos”.
El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón compareció otra vez ante el juez Brian Cogan, en Estados Unidos, ahora para acordar con los abogados que el juicio en su contra podría iniciar el 24 de octubre de 2022.
Mediante la sentencia de un juez federal se concedió al exfuncionario federal la suspensión definitiva para que sus propiedades se mantengan en el estado actual.
El gobierno de México demandó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar de 250 millones de dólares que el exfuncionario en el sexenio de Felipe Calderón presuntamente “se robó” entre 2012 y 2018, periodo en el que instauró empresas para lavar dinero en Barbados y Estados Unidos.
Los fiscales estadounidenses dijeron que las evidencias son una “serie de documentos que les proveyó el gobierno de México”, declaraciones hechas por el acusado, así como “registros entregados por el Departamento de Estado y catalogados como material protegido”.
En la demanda interpuesta por México ante Estados Unidos con el fin de recuperar al menos 250 millones de dólares, presuntamente “robados” del erario mexicano por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el gobierno de Felipe Calderón, incluye al exsubsecretario José Francisco Niembro González, así como a los principales socios del exfuncionario.
