González Guerrero había solicitado un amparo el 13 de abril para no ser capturado, luego de la orden de aprehensión relacionada a las investigaciones por la muerte de 40 migrantes y 25 lesionados tras el incendio en la estación provisional del INM.
La Fiscalía General de la República acusó al jefe de Recursos Materiales del INM en la ciudad fronteriza, Eduardo Apodaca Magallanes; al coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza Cumplido, y a la agente migratoria Cecilia Rivera Tena de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.
Falta que sea detenido el delegado del INM, contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, pero no ha sido localizado por la Policía Federal Ministerial.
A la comparecencia, fijada a las 9:15 del 21 de abril en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, fueron citados además cinco servidores públicos investigados.
El secretario señaló este miércoles en conferencia de prensa que el funcionario permanecerá hasta que no haya una resolución judicial que lo inhabilite:
Cuestionado sobre si Francisco Garduño continuará en el cargo, el presidente llamó a esperar “qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación”, y en su momento, subrayó, “vamos a todas las decisiones”. “Que los jueces sean los encargados de impartir justicia”, dijo.
El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitó una investigación exhaustiva del reciente incendio ocurrido en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en México.
El director general de coordinación de representación del Instituto Nacional de Migración (INM), Héctor Martínez Castuera, dijo que, “como en años anteriores”, agentes de la dependencia, de la Guardia Nacional y de la Policía Militar de Guatemala se establecieron en la frontera para “establecer una migración protegida”.
La secretaria Brenda Fraga, reunida con instituciones michoacanas y bajacalifornianas, identificó que el país carece de un marco normativo específico que determine la distribución de responsabilidades entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
A diferencia de las proyecciones del Instituto Nacional de Migración, la titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, Brenda Fraga, refirió que el gobierno michoacano “está calculando que estén arribando 50 mil michoacanos”.
