Al poco tiempo de comenzar, la defensa del panista pidió un receso argumentando que fue apenas el 1 de octubre cuando la FGR le entregó copia de más de mil fojas adicionales a la carpeta de investigación, de las cuales no conoce su contenido.
En un videomensaje, el panista dijo que no hay motivo para dar un soborno a alguien que ya no era diputado y siete meses después de que votó por la reforma energética, la cual fue aprobada en diciembre de 2013, por lo que insistió en que la acusación de la FGR es absurda.
Calderón hizo eco de un mensaje de la plataforma Dices, que sostiene que la FGR busca presionar a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que declare en contra del expresidente.
Eduardo Aguilar dijo que la carpeta incluye no sólo al panista, y que al tratarse de una investigación que deriva de Odebrecht, revisarán dato por dato. “De la carpeta no están las hojas foliadas, lo que puede significar es que no hay un ejercicio consecutivo”, señala.
Ahora, la documentación será analizada para la audiencia inicial, la cual programada para el 4 de octubre y para la que se le pidió al acusado conectarse desde territorio mexicano y confirmar que lo esté.
En su declaración inicial, Emilio Lozoya aseguró que los sobornos fueron para los legisladores que votaran por la reforma energética, pero ahora la FGR asegura que el dinero fue para Enrique Peña y Luis Videgaray.
El titular de la FGR dijo que el excandidato presidencial por el PAN es copartícipe de una “inmensa colusión”, la cual dañó a toda América Latina y a México, en referencia al caso Odebrecht.
De acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya del 11 de agosto, Carlos Treviño es de los exfuncionarios que presuntamente operó los contratos y sobornos a la empresa Braskem, filial de Odebrecht.
A raíz de las declaraciones de Emilio Lozoya, el exsenador panista Jorge Luis Lavelle se encuentra vinculado a proceso, puesto que también formó parte del grupo que habría recibido recursos presuntamente entregados por Odebrecht al exdirector de Pemex, y sirvieron para que diera su voto aprobatorio a la reforma energética de 2015.
Desde que fue extraditado a México en julio de 2020, Lozoya ha permanecido en libertad por acuerdo con la FGR para negociar el resarcimiento del daño causado al erario federal, buscando además no ser enjuiciado y sentenciado a cambio de dar información que lleve a la captura de otros exservidores públicos por incurrir en delitos de mayor grado.
