El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el cierre de la investigación relacionada con el caso Odebrecht debido a la falta de colaboración por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El exdirector de Pemex ahora tiene un pie fuera de la cárcel, siempre que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, deje sin efecto hoy la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht y ordene otra medida cautelar.
Un juez federal ordenó liberar al exdirector de Pemex por el caso de la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. Esta orden, sin embargo, no exime al exfuncionario de continuar en prisión preventiva por la investigación de los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En 2021, Gabriel Mendoza trabajaba en la Presidencia de la República como responsable de Seguridad Nacional en el gabinete. Es uno de los firmantes de los contratos a Odebrecht para construir la presa Francisco J. Múgica y amigo de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de López Obrador.
Al ser una decisión que requiere de audiencia con la presencia de la defensa y la Fiscalía General de la República se citó a audiencia este miércoles 8 de diciembre a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte.
La audiencia fue solicitada por un juez y se realizará con el objetivo de determinar si se termina con el plazo para la investigación complementaria o se otorga una sexta prórroga –esto último fue solicitado por la defensa de Lozoya–.
Oscar Guerrero/Metapolítica
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De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas este día por la agencia Quinto Elemento Lab y reveladas en El Universal, varios funcionarios de ambos gobiernos –entonces de extracción perredista–, recibieron cuantiosas aportaciones por emisarios de la constructora brasileña, esto a fin de recibir el contrato de la Presa Francisco J. Múgica, la cual tuvo un sobre precio respecto al proyecto original.
Debido a que la investigación no avanza luego de un año, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, iría también por Luis Videgaray recurriendo a uno de los delitos más graves y que implica cárcel forzosa con una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión: delincuencia organizada.
“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, dijo la FGR un comunicado.
